“Las misiones de observación electoral que siguieron el desarrollo en los comicios generales del Perú, el pasado domingo y lunes, manifestaron este martes su respaldo al proceso electoral, al calificarlo de creíble y transparente, a pesar de los problemas logísticos que generaron retrasos y sobre los que pidieron una exhaustiva investigación” (EFE, 14/4/26). Este es el resumen de lo ocurrido. En menos palabras aún: hubo algunas graves irregularidades logísticas, pero no fraude ni voluntad de fraude.
Queda claro que ni de lejos se da el caso que contempla la Constitución: el Jurado Nacional de Elecciones declarará fallido el proceso “cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos” (artículo 184).
No obstante, la crisis continúa y la posibilidad de que se agudice proviene también del candidato Rafael López Aliaga. Advierte, maoístamente, que está dispuesto a “incendiar la pradera” si no pasa a segunda vuelta. Asegura que hay fraude y pide a funcionarios que le entreguen pruebas, lo que equivale a no tenerlas (la recompensa de S/20.000 por prueba desapareció, quizá porque lindaba con el delito). En una acción más que repudiable, lanza aberrantes amenazas de índole sexual contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pero, ojo, no hay que confundirse: como ocurre en otros países, el insulto despiadado y las amenazas de todo calibre no son un arrebato, sino que forman parte de una estrategia política. Son los tiempos que corren.
Eso sí, hay que tomar en cuenta el escaso respaldo a los más votados, reflejado en los bajos porcentajes de voto válido obtenidos: Keiko Fujimori 17%, Roberto Sánchez 12%, y Rafael López Aliaga 11,9% (ONPE, al 93,487%). Valgan como comparación los resultados de primera vuelta en Chile (noviembre, 2025): la oficialista Jeannette Jara obtuvo 26,7%, y el posterior ganador, José Antonio Kast, 23,9%. Entre ambos, más del 50%. Incluso Franco Parisi (tercero) obtuvo 19%, es decir, más que Keiko Fujimori.
¿Qué hay de nuevo? En el Congreso podrían conformarse hasta tres bloques: derecha, centro e izquierda. El ideal es que se constituyan un oficialismo y una oposición política sólidos. No obstante, salvo en el fujimorismo, es probable que se imponga el reflejo tribal. Si esto ocurre, el escenario político nacional podría estar constituido por un gobierno autoritario, una oposición fraccionada y un Estado crecientemente débil, penetrado por intereses privados. El encargo que reciben los partidos con representación en el Congreso es enorme. ¿Podrán con la responsabilidad?
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