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Mentes brillantes, por Janice Seinfeld

“El 20% de la población adulta mayor presenta algún tipo de trastorno mental”.

Janice Seinfeld Directora ejecutiva de Videnza Consultores

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"El 80% de peruanos con trastornos mentales no recibe tratamiento". (Ilustración: Giovanni Tazza)

Intente encontrar, estimado lector, leyes sustanciales que haya presentado y aprobado el actual Congreso. De una decena no pasaremos, siendo generosos. Como lo señaló la semana pasada Darío Pedraglio, analista de Parlamento Abierto, tenemos más de cuatro mil proyectos de ley, cifra que supera en más del 50% la producción legislativa en la región. La máxima de “calidad, no cantidad” claramente no es aplicada por nuestros parlamentarios.

Y es que para qué legislar sobre lo sustantivo, si se puede proponer declarar el 15 de octubre “día de la etnia china en el Perú”, que el Colegio Nacional de San Juan de Trujillo sea “cuna de intelectuales y valientes defensores de la patria”, o proclamar “prócer de la independencia” a “quienes continuaron con la gesta independentista de Túpac Amaru II o sufrieron martirio por su causa” (¡!).

Lo peor de esta empapelada de leyes irrelevantes es que afecta el funcionamiento de las instituciones y, en consecuencia, dificulta el desarrollo del país.

Ahora bien, de lo poco bueno que se ha aprobado, está la Ley 30947, Ley de Salud Mental, a todas luces necesaria, pues el 80% de peruanos con trastornos mentales no recibe tratamiento. La norma sitúa la salud mental como un derecho y refuerza avances anteriores en ese sentido. Además, estandariza servicios priorizando acciones promocionales y preventivas desde la comunidad.

Sin embargo, como toda ley, tiene aspectos perfectibles. Veamos dos. Primero, el texto precisa que las farmacias de los establecimientos de salud públicos y privados deben tener un inventario de psicofármacos equivalente al 30% de la dispensación mensual en unidades para garantizar el acceso a los mismos. Esta exigencia carece de sentido, pues basta con contar con un eficiente sistema de distribución que las abastezca oportunamente. Más bien lo que demuestra es cómo la inmensa mayoría de las leyes que pretenden mejorar la gestión pública se enfoca, equivocadamente, en las funciones específicas de cada institución y no en los procesos que se requieren para alcanzar determinado objetivo.

En segundo lugar, la norma estipula que los seguros públicos y privados deberán suministrar todos los medicamentos necesarios para el tratamiento de los problemas de salud mental, bajo la respectiva prescripción médica. No se define, sin embargo, cómo esta inclusión obligatoria de medicamentos en los seguros, que sin duda generará costos adicionales, será financiada. Probablemente, por lo menos en un inicio, deberíamos empezar por cubrir las enfermedades contempladas en el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS).

En nuestro país, las enfermedades neuropsiquiátricas son la primera causa de carga de enfermedad: representan el 17,5% del total y generan una pérdida de 33,5 años de vida saludables por cada mil habitantes. A esto se suma que el 20% de la población adulta mayor presenta algún tipo de trastorno mental –principalmente depresión, ansiedad y alcoholismo– y que la mitad de las enfermedades mentales comienza antes de los 14 años, aunque en la mayoría de los casos no son detectadas.

Según Junaid Nabi, investigador en salud pública en Brigham and Women’s Hospital y del Harvard Medical School, solo en Estados Unidos la carga económica total ocasionada por la salud mental supera los US$210.000 millones cada año. Y en la Unión Europea, los costos vinculados con problemas de salud mental se estiman en más del 4% del PBI de sus 28 países; es decir, en más de 600.000 millones de euros. Esto de acuerdo con el informe “Health at a Glance: Europe 2018”, elaborado por la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Para completar el panorama, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido ya que la depresión será la primera causa de discapacidad en el mundo en el 2030 (hoy es la tercera).

Por todo lo anterior, debemos invertir en soluciones costo-efectivas, escalables y sostenibles enfocadas en mejorar la salud mental de los peruanos. En medio de la maraña de leyes delirantes que produce nuestro inagotable Congreso, rescatemos la de salud mental –comentario sin ironías incluidas– y démosle el impulso de política de Estado que requiere.

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