"En salud tenemos que el 85% de peruanos acceden a un seguro de salud, pero eso no les garantiza recibir una buena atención y, luego de esta, disponer de sus medicamentos completos". (Ilustración: Giovanni Tazza)
"En salud tenemos que el 85% de peruanos acceden a un seguro de salud, pero eso no les garantiza recibir una buena atención y, luego de esta, disponer de sus medicamentos completos". (Ilustración: Giovanni Tazza)
Janice Seinfeld

Directora ejecutiva de Videnza Consultores

La Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2019, que se inaugura mañana, analizará cómo avanzar hacia una economía de mercado para todos. Lograrlo implica implementar reformas que cierren brechas de acceso, pero, además, mejoren la prestación de servicios públicos usando tecnología y con mayor participación del sector privado.

En setiembre último, el Gobierno presentó el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que ha recalculado la brecha total de infraestructura en 363.000 millones de soles en el largo plazo. Este monto, que equivale al 49% del PBI peruano, es, en parte, lo que nos separa de ser un país más desarrollado.

Al priorizar 52 proyectos que se complementan entre sí y que se espera ejecutar principalmente vía asociaciones público-privadas, este plan nos ofrece predictibilidad. Esta es una excelente noticia para el sector privado, porque sabrá en qué está trabajando el Estado. Pero también es una buena señal dentro del sector público, pues ha implicado alinear objetivos y articular sectores. Sin planificación no se avanza, y esa sigue siendo una gran debilidad de nuestro país.

Otro punto a rescatar es que dichos proyectos son parte de los planes multianuales de infraestructura de los sectores y están incluidos en el presupuesto multianual, con lo que tienen financiamiento garantizado. Esto abonará en la transparencia y contribuirá –esperamos– a minimizar el riesgo de corrupción.

Ahora bien, veamos algunos sectores. La brecha de transporte es de casi 161.000 millones de soles, la de educación bordea los 6.000 millones, la de agua asciende a 24.000 millones, la de saneamiento a 71.000 millones, y la de salud, a 58.700 millones. Estos montos consideran infraestructura pura y dura –construcción de hospitales, colegios, tuberías, etc.–, pero no contemplan los costos del servicio ni de mantenimiento. Para que consigan garantizar servicios de calidad, en muchos casos se tendrá que cambiar el modelo de gestión y hacer las cosas diferentes. Por ejemplo, el 85% de los alumnos acceden a educación secundaria, pero cuando se realiza la prueba de evaluación censal a estudiantes de segundo de media, solo el 14% obtiene los resultados satisfactorios para el año. Es decir, uno de cada diez. Y en lenguaje, 16%; menos de dos de cada diez. Y solo el 30% de quienes egresan de secundaria continúan estudios superiores, sean técnicos o universitarios.

En cuanto al agua, si bien el 91% de los hogares cuentan con ella, solo el 4% de hogares en zonas rurales acceden a fuentes de agua segura, cifra que en zonas urbanas llega a 54%. De hecho, según un estudio del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass) que mide gobernanza y gobernabilidad de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) –es decir, cómo se desenvuelven hacia afuera y hacia adentro–, de las 49 EPS existentes, 40 tuvieron resultados bajos o muy bajos, y nueve obtuvo resultados regulares. Claro está que ninguna consiguió buenos resultados.

Un ejemplo de modelo de gestión pública que ha incorporado la eficiencia del sector privado lo vemos en Sepadal, que tercerizó tanto el tratamiento de aguas residuales como su gestión comercial. Al mejorar los procesos de medición, facturación y cobranza, obras de rehabilitación y sectorización, entre otros, logró reducir en 62% el agua no facturada. Además, toda la información que recaba sirve como línea de base que permite luego saber qué es lo que se espera y cuáles son los indicadores de mejora de resultados que se necesitan. Cabe destacar que solo en Sedapal se tienen tasas significativas de tratamiento de aguas residuales; el resto de EPS no superan el 50%. Además, las empresas pequeñas dejan de facturar el 44% de la producción de agua.

Finalmente, en salud tenemos que el 85% de peruanos acceden a un seguro de salud, pero eso no les garantiza recibir una buena atención y, luego de esta, disponer de sus medicamentos completos.

El Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad es una política de Estado que, esperamos, sea implementada como tal por las siguientes administraciones. Solo así lograremos articular a los sectores privado y público para que la economía de mercado llegue, efectivamente, a todos.