Sin transmisión no hay transición (II)

El cuello de botella más grave para concretar los proyectos de transmisión, uno de los principales problemas del sector, más aún si se quiere realizar una transición energética ordenada, está en un escritorio del MEF. Los retrasos en la ejecución son reales, pero dependen de factores ambientales, sociales y políticos que escapan al control del Ejecutivo. La causa más grave –y la más fácil de solucionar– está en la estructura del Estado y en el diseño de las asociaciones público-privadas.

El enlace que hoy tiene sofocado al norte, y que describimos en la primera parte de “Sin transmisión no hay transición”, no se atrasó por una comunidad ni por un estudio arqueológico. El COES lo planteó en el 2020, dentro de su Plan de Transmisión 2021-2030, para que entrara en operación en el 2026. Recién se licitó en el 2023, se adjudicó ese octubre a ISA y Grupo Energía Bogotá –1.054 kilómetros– y su fecha se movió después al 2029. Hoy, según el propio COES, no estará lista antes del 2030.

El COES elabora ese plan con un horizonte de diez años y lo actualiza cada dos, sustentándolo ante Osinergmin, agentes del mercado, la sociedad civil y universidades antes de enviarlo al Minem. Por ley, el ministerio debe remitir cada proyecto a Pro Inversión para que licite –el trámite previo no es automático–, pero desde una norma del 2015 ningún proyecto llega a licitación sin pasar antes por un filtro del MEF: el informe de evaluación, con cerca de 17 puntos pensados para calificar cualquier proyecto nuevo, no uno ya salido de un plan sistematizado. Entre ellos, por ejemplo, exige sustentar la “bancabilidad”, un requisito superfluo: la ley ya garantiza que toda la demanda pague la remuneración, de modo que el ingreso está asegurado desde el primer día.

Pro Inversión envía su expediente, el MEF observa, Pro Inversión subsana, y así sucesivamente –incluido un modelo económico-financiero que va y viene hasta satisfacer a los analistas del MEF, pese a que el único modelo que importa es el que hace el postor que decide competir–. El resultado: hasta tres años entre la aprobación del plan y la convocatoria y cuatro más para elaborar el EIA, los estudios arqueológicos, la consulta previa y la construcción (¡siete años!). Todos los grandes proyectos lanzados bajo esas reglas –incluido el del norte– ya tienen concesionario y avanzan, pero ningún ritmo de obra recupera el tiempo perdido antes de empezar. Sume a eso los retrasos de ejecución, sobre todo por el EIA, y tiene la crisis que hoy paga el norte.

Tras el reclamo conjunto del COES, el Minem y Pro Inversión, el MEF simplificó parcialmente esos requisitos y redujo el plazo a un año –todavía debería ser menos–. Este año, el COES debe presentar un nuevo plan de transmisión, que por ley el Minem tiene que aprobar antes de diciembre. Habrá que ver cuánto tarda esta vez en llegar a licitación.

Hay dos salidas. La primera: devolverle al consejo directivo de Pro Inversión –cinco ministros, no cualquier funcionario– la potestad de autorizar el lanzamiento de cada licitación. La segunda: modificar la ley de APP para crear dos vías según el tipo de proyecto. Tiene sentido exigir todo ese escrutinio a los cofinanciados, porque el Tesoro pondrá recursos cada año de la concesión. Pero los autosostenibles –que viven de su tarifa y nacen de un sistema de planificación reglado desde el 2008– no deberían cargar con el mismo filtro. Mientras el Ejecutivo no distinga entre ambos, seguirá tratando como sospechoso a un proyecto que nunca le va a costar un sol.

El gobierno se ha propuesto simplificar procesos administrativos. El caso de la transmisión es uno en el que la solución es sencilla, y el impacto enorme. Si están buscando mostrar resultados, acá tienen un posible caso de éxito.