Desde hace años se anuncia que el Perú podría sufrir un sismo de magnitud superior a 8. Sabiéndolo, el drama que vive Venezuela debe generar una voluntad movilizadora, a contracorriente de la malsana costumbre de actuar después de la desgracia.
El urbanista Luis Rodríguez, docente de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), advierte que las viviendas en mayor riesgo son las construidas en laderas. Ante el agotamiento de zonas planas, desde 1990 se ocupan estas pendientes. Rodríguez suma un detalle elocuente: todas las laderas de Lima están ocupadas por viviendas: alrededor de 650.000 (2,5 millones de personas). A esto se suma que, como indica un informe de Grade, el 71% (4’686.000) de viviendas del país son autoconstruidas (El Comercio, 5/7/2026).
Las municipalidades tienen responsabilidades respecto al cumplimiento de normas exigidas para edificar; además, tienen sendas gerencias de Gestión del Riesgo de Desastres. Hay instancias nacionales de prevención como el Instituto de Defensa Civil (Indeci) y otras adscritas al Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres, bajo la rectoría de la PCM, además de dependencias de otros ministerios. Hay diversos planes municipales, como el de Desarrollo Metropolitano de Lima 2021-2040.
No obstante, como sugiere Augusto Ortiz de Zevallos, arquitecto y docente de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), las dispersas responsabilidades estatales bien podrían derivar en una instancia técnica nacional gubernamental capaz de sumar a universidades, instituciones, ingenieros y arquitectos –altamente calificados– que sepan combinar con sentido de realidad lo que ya existe con los indispensables ajustes y mejoras.
Al mismo tiempo, urge definir políticas basadas en proyectos serios. Ejemplos mencionados por Rodríguez son el Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, de la UNI, creado en 1986, que posee microzonificaciones sísmicas e investiga tecnologías sismorresistentes de interés social; y Laderas (PUCP), dirigido por la ingeniera Sandra Santa Cruz, que apuesta por la transferencia tecnológica y su incorporación en políticas públicas, tomando en cuenta que sumar seguridad “no necesariamente implica reemplazar el conocimiento ancestral, sino fortalecerlo” (PuntoEdu, 22/5/26). También hay que considerar la experiencia de entidades como el Centro de Estudios de Prevención de Desastres (Predes), activo desde 1983.
¿Cómo articular investigación, gestión y actuación efectiva, conociendo las fisuras entre lo normado y lo realmente existente? ¿Qué hacer, sabiendo que los fenómenos naturales están a la vuelta de la esquina, y que las responsabilidades no recaen en estos sino en las decisiones humanas que, por negligencia, necesidad o presión social los desafían?
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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