(Ilustración: Giovanni Tazza).
(Ilustración: Giovanni Tazza).
Alfredo Torres

Uno de los errores más comunes en el análisis político nacional es pensar que la mayor parte de la ciudadanía actúa por simpatías políticas. Las adhesiones políticas son más relevantes en otras partes. En EE.UU., por ejemplo, el 39% de aprobación que registra Donald Trump como presidente según Ipsos es el promedio de un agudo contraste entre el 9% de aprobación que tiene entre los demócratas y el 82% que tiene entre los republicanos. En el Perú no es posible hacer ese análisis porque la mayoría de los peruanos somos independientes o indiferentes; o, como dice Carlos Meléndez, .

A falta de identidades políticas claras, la mejor aproximación a las tendencias políticas es el voto de las elecciones pasadas. Pero la realidad es que en un país donde el voto es obligatorio y el sistema electoral deja fuera de las elecciones presidenciales a candidatos populares por incumplimiento de normas –como ocurrió con Julio Guzmán y César Acuña–, los resultados electorales son un reflejo limitado de las preferencias ciudadanas. En muchos casos los electores deciden a última hora y votan por “el mal menor”.

Esta debilidad de los partidos se confirma cuando se pregunta a los que votaron por si aprueban su desempeño: solo 28% lo hace. La evaluación de otros líderes políticos es mejor: 58% de los que votaron por la aprueba y 53% de los que lo hicieron por Verónika Mendoza lo hace, pero no son las cifras abrumadoras que se ven entre los partidarios en otras realidades, como el ya citado apoyo republicano de 82% a Trump. Además, aunque la aprobación sea mayoritaria, eso no implica necesariamente respaldo a sus posiciones. Por ejemplo, entre los que votaron por Keiko Fujimori, 80% desaprueba la expulsión de Kenji Fujimori de la ‘bankada’ (significativamente, el mayor apoyo a su expulsión proviene de la izquierda).

Con estas limitaciones en mente, vale la pena analizar la intención de voto para las próximas elecciones presidenciales según el voto en las elecciones pasadas. Entre quienes votaron por Keiko Fujimori en la primera vuelta, 48% volvería a hacerlo por ella, 19% votaría por Kenji Fujimori, 16% por otros candidatos y 17% está indeciso. Entre quienes votaron por PPK, 21% lo haría por Julio Guzmán, 9% por Kenji Fujimori, 33% por otros candidatos y 37% no tiene una preferencia definida. Entre quienes votaron por Verónika Mendoza, 40% repetiría su voto, 16% se inclinaría por Julio Guzmán, 24% por otros candidatos (incluyendo Santos y Arana) y 20% permanece indeciso.

Además del fraccionamiento que se observa en cada sector, queda claro que el deterioro de la imagen de los políticos ha sido generalizado y que muchos electores desafectos estarían dispuestos a votar por un nuevo ‘outsider’, aunque no necesariamente del mismo signo. Podría crecer un nuevo candidato de centro, siempre que venga con una imagen muy nítida de honestidad, pero también un ‘outsider’ extremista, que prometa limpiar el país, como reacción a la enorme corrupción que se ha conocido gracias al estallido del escándalo Lava Jato.

En ese contexto, no parece haber ánimo en la mayoría de los partidos representados en el Congreso para promover un adelanto de elecciones, aunque sí la salida de PPK. Es decir, sea por renuncia o sea por vacancia, la mayoría quisiera que el poder lo asuma Martín Vizcarra. El vicepresidente debería evaluar con serenidad esa perspectiva y solo aceptar el encargo si los principales partidos de oposición le dan garantías de que podría ejercer un gobierno viable.

Si a PPK le censuraron u obligaron a renunciar a su ministro de Educación Jaime Saavedra, a su ministro de Economía Alfredo Thorne, al propio Vizcarra cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones y, finalmente, al primer ministro Fernando Zavala y su Gabinete, todo esto antes de pedir la vacancia presidencial, ¿por qué tendría Vizcarra que confiar en que lo tratarían de manera diferente?

Los políticos de oposición deben saber que la sensación de fracaso del gobierno de PPK también los alcanza y les cobrará si no enfrentan con seriedad problemas como la reactivación del sector construcción y otros temas de gran impacto social. A estas actitudes irresponsables de unos y otros las ha llamado Juan de la Puente “el club de la destrucción” en “La República” y Jaime de Althaus, el “” en El Comercio.

Para que el Perú tenga un gobierno viable los próximos tres años, sea con PPK –lo que parece cada vez más difícil– o con Vizcarra, como parece querer la oposición, es indispensable que políticos de todos los bandos entiendan que la opinión pública desconfía de ellos porque los ve persiguiendo cada uno su propio beneficio y no actuando, con desprendimiento y lucidez, en beneficio del país. Solo con un cambio de actitud tendremos un Perú mejor y elecciones razonables el 2021. De lo contrario, pueden ser una pesadilla.