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Los tecnócratas y la corrupción, por Alfredo Torres

“Ha hecho bien el presidente en dirigirse a la nación a raíz del Caso Moreno y anunciar cinco medidas contra la corrupción”.

Alfredo Torres Analista político

Los tecnócratas y la corrupción, por Alfredo Torres

Los tecnócratas y la corrupción, por Alfredo Torres

A los tecnócratas –sobre todo si son economistas o ingenieros – les fastidia pensar en la corrupción. Prefieren discutir de proyectos de desarrollo o programas sociales. Una visión frecuente en la tecnocracia es que tan grave como la corrupción son las normas para controlarla, porque traban la gestión pública. El dilema no es de fácil solución porque, efectivamente, la corrupción corroe el Estado, pero las normas para combatirla lo paralizan. 

Recientemente, en un evento organizado por la Maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, Ipsos aplicó una encuesta sobre este dilema a una muestra de funcionarios públicos y el 62% señaló que el combate a la corrupción perjudica la eficiencia del Estado y el 31% que no lo hace. La solución aparente sería relajar las normas de control y, sin embargo, esos mismos participantes en el evento denominado Día de la Gestión Pública expresaron su desconfianza en sus colegas de manera contundente: solo el 20% de los encuestados declaró que los funcionarios públicos son honrados y un abrumador 73% que no lo son.

Para la opinión pública no cabe duda de la gravedad del problema. Según una encuesta efectuada por Ipsos para Proética a fines del 2015, el 61% consideraba que la corrupción era el principal problema del Estado –la cifra más alta desde que se empezó a hacer la medición en el 2002– y el 73% que la corrupción se había agravado en los últimos cinco años.

A la ciudadanía, la corrupción que más le irrita es la que tiene que sortear en su vida cotidiana: las coimas que se piden para ser atendido primero en la lista de espera de un hospital, hacer pasar de año a un niño en el colegio, evitar una leonina multa de tránsito, dejar trabajar a un pequeño o mediano empresario que ha incumplido alguna de las innumerables disposiciones que limitan su accionar.

Los orígenes de esta corrupción menuda se remontan a la hiperinflación de los ochenta, que licuó los salarios y doblegó la moral de muchos maestros, policías y otros empleados públicos que debieron “agenciárselas” para sobrevivir. Luego, la vocación controlista de algunos parlamentarios y altos funcionarios en determinados ministerios agravó la situación, especialmente para la actividad empresarial. En paralelo, el deterioro del sistema judicial llevó a que la corrupción se extendiera por los vericuetos del sistema, a veces para agilizar, otras para frenar y, lo que es peor, también para resolver los casos en favor del mejor postor.

Pero la corrupción que más impacto político tiene es la que afecta a las altas esferas del poder. Y esta megacorrupción responde a algunos patrones comunes internacionalmente, como que se suele presentar en las compras militares, en obras de infraestructura y en la gestión de grandes empresas estatales. No es casualidad que el Lava Jato brasileño gire alrededor de Petrobras y que la empresa petrolera venezolana PDVSA haya sido la gran fuente de corrupción chavista dentro y fuera de su país. Otro patrón común es que las operaciones con un único postor suelen encubrir una gran corrupción.

Por esos motivos, los casos que más sospechas han despertado en el Perú en los últimos años son las compras militares –sobre todo las de gobierno a gobierno– y los contratos con postor único con que fueron adjudicadas megaobras de dudosa justificación como la refinería de Talara y el gasoducto del sur, cuya inversión suma entre ambas más de diez mil millones de dólares. 

Ha hecho bien el presidente Pedro Pablo Kuczynski en dirigirse a la nación a raíz del Caso Moreno y anunciar cinco medidas para luchar contra la corrupción, incluyendo la muerte civil para los corruptos y la creación de la Comisión Presidencial de Integridad; pero hace mal en no prestar más atención a la corrupción que viene de atrás.

“La corrupción del gobierno de Ollanta Humala y Nadine Heredia ha superado todo lo imaginable, pero podría quedar impune si no se toman medidas urgentes”, ha escrito en El Comercio, Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior y reputado periodista de investigación.  Rospigliosi propone crear un sistema anticorrupción especial, con procuradores, fiscales y jueces escogidos cuidadosamente para investigar ese gobierno, como se hizo en el 2001 para el gobierno precedente. La Comisión Presidencial de Integridad debería evaluar esta propuesta. Si la tecnocracia quiere un Estado más dinámico, con menos controles absurdos, tiene que combatir la corrupción de raíz y eso empieza por terminar con la impunidad.

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