Terremoto democrático, por Carlos Meléndez

Ante la posibilidad de una catástrofe natural, como un terremoto, solemos preguntarnos cuán preparados están el Estado y los ciudadanos para afrontar la desgracia colectiva. Del primero se requiere prontitud en la atención a las víctimas; de los segundos previsión y recaudo. Pero pocos se percatan de los potenciales efectos de la crueldad de la naturaleza en el régimen político. ¿Cuánto dañaría un sismo calamitoso a nuestra democracia?

Un equipo de politólogos asociados al proyecto Lapop (Elizabeth Zechmeister, Gregory Love y Ryan Carlin) han investigado el efecto de catástrofes naturales en América Latina (Chile, El Salvador y Haití). La conclusión principal es igual de calamitosa para la política: cuanto más severo el daño causado por la naturaleza, más se incrementa el rechazo a las normas democráticas (crece el apoyo a los golpes de Estado y autogolpes, crece la intolerancia política y surgen formas de protestas beligerantes).

En contextos de democracias jóvenes, estados débiles (baja capacidad de respuesta para auxiliar a sus ciudadanos en estos desastres), sistemas políticos deslegitimados y el capital social escaso (los lazos sociales de cooperación se rompen) las consecuencias son más perversas aun. La comparación entre los casos indicados (Chile tiene una institucionalidad más consolidada que El Salvador y Haití) permite identificar la importancia específica del Estado. Cuando la respuesta estatal es más presta, se mitiga la desconfianza entre los ciudadanos; aunque no elimina la posibilidad de respuestas contenciosas. De hecho la tendencia a la protesta social violenta en Chile se incrementó después del terremoto y tsunami del 2010. Si estas son las consecuencias en un Estado (y una economía) más consolidados, ¿se imagina los efectos de un eventual sismo en nuestra frágil democracia?

El sismo del 2007 en Ica es un ejemplo a explorar. Aunque no contamos con datos ideales para replicar el argumento reseñado arriba, utilizaremos la información relevante disponible. Según un estudio realizado por el Congreso de la República (2011), fue en esta región donde más se sufre la crisis de representación política (de hecho, ese fue el criterio para realizar el pleno descentralizado hace dos años). Por ejemplo, mientras en el ámbito nacional el porcentaje de personas que cree que a la gente como uno le da lo mismo un régimen autoritario o democrático es del 9,2%, en Ica ese porcentaje alcanza el 16%. La insatisfacción con la democracia es 20,9% en dicha región (promedio nacional es 6,4%) y la participación en protestas también ha sobrepasado la media nacional. La ineficiente respuesta estatal en la región sureña podría explicar en parte tan alta desafección política con el sistema.

Los sismos no solo destruyen la infraestructura de los países, son mucho más perversos de lo que creemos. No solo afectan la aprobación de los gobernantes de turno, sino que en contextos de fragilidad institucional, azuzan los valores autoritarios y promueven protestas violentas, socavando a la larga las bases de nuestra frágil democracia. Por ello, una política nacional de inteligencia y seguridad requiere incluir la dimensión de prevención política ante este tipo de catástrofes.