Las balas de plata de Vizcarra y el Congreso, por Juan Paredes Castro

¿Cómo es posible que en un escenario político que reclama el papel dialogante y conciliador de un jefe de Estado, este puede reservarse una bala de plata para el final de su duelo con el Congreso?

Quizás sería deseable que se reservase su mejor y último argumento, inteligente y racional, en el debate público, pero no un recurso coercitivo de imprevisibles consecuencias.

Con el Congreso pasa lo mismo. Está tan ofuscado y propenso al duelo con el presidente que tampoco descarta usar su bala de plata.

Entre la disolución del uno y la vacancia del otro, pareciera que al país ya no le espantan sus propios reales fantasmas: la contracción económica, la inseguridad interna, la inestabilidad jurídica, la creciente falta de respeto por el otro y por el pensamiento y las expresiones del otro.

Es cierto que un poder del Estado puede ser tan obstruccionista del otro poder del Estado que las relaciones entre ambos se vuelvan tirantes. Pero en democracia ninguno tiene derecho a destruir al otro. Las reglas constitucionales dan salidas a todos los ‘impasses’, pero estas deben ser impecables. Quien quiere “disolver” tendrá que hacerlo correctamente y quien quiere “vacar” también.

¿Acaso Vizcarra no sabe que está donde está para construir el Estado puesto permanentemente en jaque (ahí está el manejo de Tía María para confirmarlo); la república hecha a medias (ahí está la ausencia de respeto a nuestras reglas de juego constitucionales); el territorio que no hemos terminado de hacer nuestro (ahí está Chile buscando remover el Tratado de Lima), y la nación en busca de identidad (ahí están los Juegos Panamericanos para darnos una lección de unidad y fortaleza)?

Con el peso de los problemas del país sobre sus hombros, Vizcarra no puede darse el lujo de vivir todo el tiempo pendiente de una alta aprobación, al precio de mantener a su vez en alto una confrontación sin tregua con el Congreso y una cruzada anticorrupción que de tanto ser predicada por él solo le queda el nombre.

Pero tal es la adicción presidencial a la aprobación constante que ahora se ha abierto dos nuevas trincheras de confrontación.

De un lado, marcando abierta distancia con la empresa minera Southern que opera el proyecto Tía María, al aprobarle primero una licencia de construcción condicionada a una “licencia social”, para luego no solo revocarla temporalmente sino ponerla al filo de la extinción, mediante un trato bajo la mesa (ahí están los audios de por medio) con quienes, desde el gobierno regional, pregonan que en Arequipa la minería “no va más”.

De otro lado, marcando abierta distancia también con los fiscales del Caso Lava Jato, que defienden el convenio firmado con Odebrecht y los desembolsos que debe recibir, mientras el Gobierno, además de estar opuesto a esos desembolsos, pretende sacar provecho popular de un enfrentamiento con la empresa brasileña, a la que considera la madre de la mayor corrupción de los últimos 20 años.

El presidente ha demostrado no inmutarse en absoluto a la hora de escoger el pico de la popularidad antes que la picota, a veces inevitable y necesaria, de la impopularidad, que impone gobernar un país.

Incluso ha recurrido a la invasión de fueros en busca de aprobación. Se enfrentó a Pedro Chávarry en defensa de los fiscales Vela y Pérez, como ahora deja de defender a Vela y Pérez para enfrentarse a Odebrecht. Siempre del lado de la popularidad. Si tantos puntos le reportó Chávarry en las encuestas, cuántos puntos podría reportarle ahora su crítica a la elección de la congresista Tamar Arimborgo en la presidencia de la Comisión de Educación del Congreso, enfrentada abiertamente a la política de enfoque de género del Gobierno.

Así llegamos hasta aquí con un presidente que viene agotando todas sus balas en un errático rumbo gubernamental, al punto de que su bala de plata, reservada para disolver el Congreso, no sabemos a qué apunte finalmente, si a un adelanto de elecciones, vía constitucional, o a un golpe de Estado, que para desgracia del país sería el inicio del fin de una democracia de seis sucesiones presidenciales normales.
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