El reinicio del proyecto Tía María no solo es importante por su gran impacto y relevancia. Además de los US$1.400 millones de inversión más el empleo que va a generar (3.600 puestos directos y 5.400 indirectos), debería convertirse en el gatillador de otros de similar o mayor envergadura.
Por ejemplo, la propia empresa operadora Southern Perú ha informado que otro de sus proyectos emblemáticos, Michiquillay, en Cajamarca, podría adelantarse para el 2029 (se fijó para el 2032). Se trata de una operación ‘greenfield’ ubicada en el distrito de La Encañada, con una inversión total de US$2.500 millones.
Adicionalmente, el BCR acaba de señalar en su reporte de inflación de junio que entre el 2024 y el 2025 el precio promedio de la libra de cobre estará por encima de los US$4, una clara tendencia alcista, lo que dibuja un escenario positivo para las cuentas fiscales (hoy en situación delicada) por lo que representa la minería tanto en volumen de exportaciones como en recaudación tributaria.
En paralelo, la inversión privada minera encuentra una oportunidad para revertir el frenazo en nuevos proyectos, sea por razones de inestabilidad política, conflictos sociales o el drama del burocratismo y/o exceso de tramitología. Claramente, el primero de ellos no va a desaparecer, pero el reinicio de Tía María puede ser un acicate para superar o neutralizar (de haber decisión política) los dos últimos.
En cola están Yanacocha Sulfuros (US$2.500 millones), Zafranal (US$1.263 millones) y La Granja (US$2.400 millones). Adicionalmente, según el Minem, están en curso tres proyectos grandes iniciados entre el 2022 y el 2023 por US$1.395 millones (San Gabriel, Ampliación de Toromocho Fase II y Yumpag). Del mismo modo, dos proyectos de reposición vienen siendo agilizados (Antamina por US$1.604 millones e Inmaculada por US$1.319 millones), más los que ya están en marcha desde este año, como Reposición Tantahuatay (US$127 millones) y Chalcobamba Fase I de la minera Las Bambas (US$130 millones).
La mayor parte de estas iniciativas debería empezar a aportar al stock de producción minera a partir del 2025, precisamente, para aprovechar el ciclo alcista.
Está en manos del Minem, del Minam y de la PCM cerrar filas para eliminar el exceso de trabas y requisitos y, por cierto, manejar preventiva y eficientemente la conflictividad social, que es habitualmente exacerbada por los intereses antimineros: minería ilegal criminal, ONG con agenda política y los candidatos antisistema de todo pelaje.
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