Tierra de nadie

En el Perú, las reglas básicas de convivencia en sociedad no se respetan y cada quien actúa como si las reglas fueran para otros. Nunca para ellos. Esta semana caminaba por una avenida y cuando cruzaba la pista un taxista volteó sin poner el pie en el freno, sin siquiera mirar hacia adelante. No me vio. No me escuchó gritar. Ni a mí ni a su pasajera. Pero lo que pudo ser un accidente fatal, se quedó en un casi. El carro pudo desviarse para no atropellarme. Me esquivó y siguió su camino. No se detuvo. Nada extraordinario. Nada que amerite una denuncia. Nada que no pase todos los días. Un incidente más de los miles que cada día ocurren en un país donde hay siete muertes diarias por accidentes de tránsito.

No es un problema de transporte. Es un sistema basado en la probabilidad de salir impune. Solo en el 2025 fallecieron 3.000 personas en nuestras pistas, superando significativamente los homicidios. En el 2026, los accidentes de tránsito siguen liderando las causas de muerte. Y, sin embargo, ningún candidato presidencial tiene en su plan de gobierno el transporte como prioridad.

Este caos no es un accidente: es un sistema sostenido por la falta de visión del Estado, que no entiende que un sistema de transporte es mucho más que solo construir vías rápidas y asfaltar calles. Un sistema moderno requiere, además de infraestructura de primer nivel, seguridad vial, gestión inteligente del tránsito, conductores mejor formados, fiscalización efectiva y tecnología aplicada a la movilidad. Pero para que el sistema de transporte funcione se requiere, además, de un Estado eficiente y con visión, de la participación del sector privado y de los ciudadanos. Con la altísima tolerancia social que hay a la corrupción y a la mediocridad del Estado, y con la ausencia de sanción efectiva, no hay incentivos para mejorar. Recordemos cómo un hoy candidato presidencial lanzó la ampliación de la Vía Expresa sin considerar los ‘by-pass’ necesarios, los puentes peatonales ni una vía para el Metropolitano. ¡Y es aplaudido!

Cada año ocurren entre 80.000 y 87.000 accidentes de tránsito con decenas de miles de heridos. No hay mejora estructural en la última década. Antes de la pandemia, la tendencia era al alza. En el 2020, las cifras cayeron porque el país dejó de moverse y luego el número de accidentes regresó a donde estaba. No es ignorancia. No es falta de normas. Las causas están identificadas: imprudencia del conductor, exceso de velocidad, conducción en estado de ebriedad. Es decir, comportamiento. Subirse a la vereda para avanzar más rápido. Cruzar en rojo porque “no viene nadie”. Manejar a alta velocidad porque saliste tarde. En un país donde no pasa nada.

Buena parte de los accidentes involucran vehículos de transporte público urbano cuya imprudencia y exceso de velocidad es conocida. Miles de combis y colectivos circulan sin autorización por pistas y carreteras, poniendo en riesgo a los pasajeros. Muchas tienen centenares de multas y hasta órdenes de incautación, pero siguen operando porque el control estatal es inexistente, y la corrupción, rampante. Transportistas que operan bajo la lógica de impunidad, pero que ahora exigen protección estatal cuando pasan a ser víctimas de los extorsionadores. Ahora sí quieren Estado. Pero la ley no puede aplicarse solo cuando me conviene. O nos comprometemos a exigir un Estado eficiente y a cumplir la ley, o seguiremos viviendo en tierra de nadie. Sin orden. En un equilibrio donde el más fuerte siempre gana, y el resto pierde.