Imagine a una persona privada de libertad que cumple una condena y espera durante meses una respuesta sobre el estado de su expediente. No solicita un privilegio ni cuestiona la decisión judicial que lo llevó a prisión. Solo busca acceder a información jurídica que le permita conocer qué etapa sigue en su proceso. Esa realidad refleja uno de los desafíos menos visibles del sistema de justicia: garantizar que la ejecución de las penas sea tan eficiente como la decisión judicial que las impuso.
Imagine a una persona privada de libertad que cumple una condena y espera durante meses una respuesta sobre el estado de su expediente. No solicita un privilegio ni cuestiona la decisión judicial que lo llevó a prisión. Solo busca acceder a información jurídica que le permita conocer qué etapa sigue en su proceso. Esa realidad refleja uno de los desafíos menos visibles del sistema de justicia: garantizar que la ejecución de las penas sea tan eficiente como la decisión judicial que las impuso.
“Es mejor prevenir los delitos que castigarlos”, escribió Cesare Beccaria. Esa idea conserva plena vigencia. La fortaleza de un Estado no depende solo de sancionar el delito, sino también de ejecutar las penas con eficiencia y fortalecer instituciones que trasciendan a quienes las conducen.
Durante décadas, el hacinamiento penitenciario fue entendido principalmente como un problema de infraestructura. Sin embargo, la experiencia demuestra que también exige mejorar la gestión, la coordinación institucional y el funcionamiento oportuno de los procedimientos previstos por la ley.
Con ese propósito, se aprobó el Plan Nacional de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028, orientado a que cada persona privada de libertad permanezca en prisión el tiempo que legalmente corresponde, sin retrasos derivados de deficiencias administrativas. Asimismo, se aprobó el Decreto Supremo 010-2026-JUS, que establece un procedimiento especial y temporal para evaluar solicitudes de conmutación de pena de personas sentenciadas por omisión de prestación de alimentos que hayan cancelado al menos el 70% de la deuda alimentaria. Cada caso continúa siendo evaluado individualmente, conforme a la Constitución y la ley.
Paralelamente, la Resolución Ministerial 240-2026-JUS institucionalizó Justicia Móvil-Servicios sin Barreras, convirtiendo en política permanente un modelo que acerca los servicios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a quienes enfrentan mayores barreras de acceso. De esta manera, la continuidad de esta iniciativa deja de depender de la voluntad de las autoridades de turno.
El Plan Nacional de Deshacinamiento Penitenciario, el Decreto Supremo 010-2026-JUS y Justicia Móvil forman parte de una misma política pública orientada a fortalecer la seguridad, mejorar el acceso a la justicia y consolidar instituciones más eficientes. Los gobiernos son transitorios; las instituciones deben permanecer.
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