Un gran botín

¿Cuántos artículos se habrán escrito sobre la corrupción? Sin duda miles y, sin embargo, cada día la corrupción es más descarada. Las municipalidades, por ejemplo, se han convertido muchas veces en un gran botín para personas inescrupulosas que ven en el servicio público no una vocación de servicio, sino un trampolín a la riqueza.

En distintas municipalidades, alcaldes y funcionarios han sido denunciados por montar redes que extorsionan a empresarios y ciudadanos. Pero pocos se atreven a denunciarlos formalmente. Y este es uno de los grandes retos de la lucha contra la corrupción: lograr que los peruanos pierdan el miedo y se atrevan a denunciar.

El problema no es que no existan canales de denuncia ni mecanismos para proteger al denunciante. Existen legalmente, pero no han sido implementados. Pero el mayor problema es que los ciudadanos no confían en que funcionen.

La experiencia internacional demuestra que el ‘whistleblowing’ es fundamental para enfrentar la corrupción. Como explican Acemoğlu y Robinson, se requiere de un alto grado de confianza de los ciudadanos en el Estado y del Estado en los ciudadanos. En nuestro país esa confianza no existe. Los ciudadanos no confiamos en que el Estado responderá frente a una denuncia por corrupción y, por el contrario, tememos que sea ese mismo Estado el que tome represalias contra quienes denuncien. Así se construye impunidad.

Las cifras son alarmantes: en los últimos 12 meses, uno de cada tres peruanos ha tenido que pagar una coima. El 48% lo hace porque es la única forma de que las cosas sucedan. Y nueve de cada diez no denuncian porque creen que no sirve de nada.

Sabemos que la corrupción está enquistada en las municipalidades, pero en lugar de perseguir el delito, permitimos que estas redes operen con impunidad. Y no es difícil detectar las señales de alerta. El patrimonio y su evolución pueden contrastarse con los ingresos declarados de alcaldes y funcionarios. Un auto de alta gama o un viaje al extranjero no prueban corrupción. Pero cuando el patrimonio o el nivel de gasto no pueden explicarse razonablemente con los ingresos conocidos, corresponde investigar.

El problema es aún más grave cuando las redes de poder buscan perpetuarse. Aunque la ley prohíbe la reelección inmediata, en distritos como Magdalena, Carabayllo, Cieneguilla y La Molina están postulando las esposas de los actuales alcaldes. En otros casos, el candidato es el padre o el hijo del alcalde, mientras este se asegura un lugar como primer regidor. Muchos de estos alcaldes dirigen redes de corrupción, lo sabemos, pero no nos atrevemos a decirlo públicamente. Un ejemplo es el caso del alcalde de Ate, quien habría sido denunciado públicamente por presuntas exigencias y clausuras arbitrarias, como a la Granja Azul. Su padre, el hoy candidato, estuvo preso por explotación sexual de menores. En el ámbito regional, otro caso es el de Óscar Cabrera, candidato a gobernador de San Martín, quien tiene 16 inmuebles y dos investigaciones abiertas por presunto lavado de activos, además de otros casos por proxenetismo y fraude.

Estos alcaldes y candidatos no llegan solos. Vienen promovidos por partidos que no asumen responsabilidad por la conducta, los antecedentes o la falta de integridad de quienes llevan en sus listas. Y frente a ello callan también dirigentes, militantes y otros candidatos del mismo partido.

En el Perú, lo ilegal ha capturado las instituciones formales. Si no nos atrevemos a denunciar la corrupción, nada va a cambiar. El sector privado, a través de organizaciones como Empresarios por la Integridad y el Consejo Privado Anticorrupción, podría servir de canal para las denuncias. Porque un empresario solo puede no atreverse a denunciar, pero a través de las organizaciones empresariales podemos impulsar una verdadera lucha frontal contra la corrupción.