(Ilustración: Giovanni Tazza)
(Ilustración: Giovanni Tazza)
Carlos Contreras Carranza

Historiador y profesor de la PUCP

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La semana que inició el 9 de noviembre será conocida como la de los tres presidentes y se unirá a la lista de las “semanas trágicas” de nuestra historia política, de las que hay varios ejemplares en nuestro pasado republicano. De ordinario, la sucesión de un gobernante implica un momento crítico para cualquier sociedad, al punto de que no pocas veces esta ha desembocado en guerras internas e incluso en conflictos que involucraron a varias naciones. Para prevenir dichas crisis e introducir orden y certidumbre en la materia, las sociedades instituyeron normas que regulasen la sucesión de sus gobernantes. Pero también, estas normas han requerido ajustes periódicamente y reformas que las actualizasen a las cambiantes condiciones históricas.

Cuando hace dos siglos los peruanos optamos por el modelo republicano de organización política y sucesión presidencial, lo hicimos pensando que aquello que en los Estados Unidos había sido el corolario de una organización social y política relativamente igualitaria y democrática se convertiría aquí en su primera causa. Naturalmente, el aterrizaje del modelo estadounidense a la realidad de una sociedad fragmentada étnica, social y económicamente, y donde los lazos entre las personas no descansaban en la solidaridad que resulta del trato entre iguales, sino en relaciones de servidumbre, fue accidentado.

Hasta 1895, el mecanismo alternativo (o complementario) al de las elecciones presidenciales fue el de la montonera. Esta comenzaba con un “pronunciamiento”, en el que un caudillo –militar o civil– ubicado en una provincia en la que estuviese rodeado de adictos exigía la renuncia del presidente de turno o la realización de nuevas elecciones, esgrimiendo algún motivo de interés colectivo. Si el pronunciamiento encontraba eco en otras ciudades o regiones, el movimiento cobraba fuerza y podía convencer al presidente en funciones de que era mejor retirarse y dejar libre la cancha para la nueva estrella política. En ocasiones, el dueño del fajín presidencial y el aspirante dirimían fuerzas en una guerra civil, cuyo resultado resolvía la crisis, o al menos dejaba un solo gallo en el corral de la patria.

Desde las postrimerías del siglo XIX, con la profesionalización del ejército y su mayor equipamiento, la montonera dio paso al golpe militar. Ya no era posible que fuerzas irregulares derrotasen al ejército, de modo que el bando que lo tuviese de su lado tenía la sartén por el mango. Sin embargo, ciertos golpes del siglo pasado, como el de Luis Miguel Sánchez Cerro en 1930, todavía guardaron ecos de los “pronunciamientos” del siglo XIX. Desde el derrocamiento de Guillermo Billinghurst en 1914, el ejército actuó como poder dirimente en los momentos de crisis política. En 1930, volvió a intervenir en la caída de Augusto B. Leguía, aunque de la forma todavía caudillesca que señalé anteriormente. En 1948, un nuevo golpe militar al mando del general Manuel A. Odría, que había destacado en la guerra contra Ecuador unos años atrás, terminó con el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero; como en 1962 lo hizo contra el de Manuel Prado y en 1968 contra el de Fernando Belaunde. Pero en la década de 1960, se hizo evidente que la élite había perdido el control del ejército, como hoy ha perdido el del Congreso. El gobierno del general Juan Velasco Alvarado fue una prueba palpable de que el ejército tenía su propia agenda política y que estaba dispuesto a ponerla en marcha. Dejar a las Fuerzas Armadas como poder dirimente resultaba un juego riesgoso y de consecuencias imprevisibles.

A partir de 1980, la disolución (del Congreso) y la vacancia (del presidente) tomaron lugar como mecanismos de solución de las crisis políticas. Así, tuvimos la disolución del Congreso de 1992, la vacancia del 2000 y los sucesos homólogos de más reciente data. A favor de estas nuevas formas habría que decir que representan esfuerzos por dar cauces legales a situaciones de crisis en las que el gobierno ha perdido legitimidad o se ha producido un empate entre poderes (Legislativo y Ejecutivo). No todas las maniobras de este tipo han sido legales (la disolución de 1992 no lo fue, y la del 2019 quedó en entredicho, a pesar del fallo del Tribunal Constitucional), pero se tratan de violaciones de la Constitución menos flagrantes que los golpes militares del pasado.

Parece que ha llegado el momento de revisar los mecanismos de sucesión presidencial. De reflexionar sobre la conveniencia de la segunda vuelta o la forma de elegir al Congreso, devolviéndole quizá la segunda Cámara. La universalización del voto ha hecho que la élite pierda el control del Congreso. El desprestigio que acompaña a esta institución en las encuestas y en los medios parece un claro síntoma de ello. Pero se trata de la institución más importante y definitoria del modelo republicano, por lo que urge devolverle su prestancia. Julio Cotler señaló alguna vez que un problema grave de la sociedad peruana no era la mala calidad de sus representantes políticos, sino el hecho de que sus intereses no eran fácilmente representables. Quizás algo, o mucho, de razón tenía.