Justicia que tarda no es justicia

El sistema de justicia es clave en los estados modernos porque permite el control, el orden y la estabilidad para que las personas convivan en paz y las sociedades puedan prosperar. Así, se establecieron como delitos aquellas conductas que atentaban contra la vida, la dignidad y la propiedad de las personas y se establecieron sanciones determinadas para disuadir conductas indebidas. Mientras más grave el delito, más alta será la pena.

Sin embargo, cuando el sistema de justicia de un país no funciona adecuadamente, considerando principios como la celeridad y la protección de la víctima, se genera un incentivo perverso. Un delincuente que sabe que no enfrentará consecuencias, lo volverá a hacer. Esa es la lógica brutal de la impunidad. Y, en el Perú, esa lógica se repite cada día, especialmente en los casos de violencia sexual.

La violencia sexual es uno de los delitos más graves que existen. En nuestro país una de cada cinco personas presas, es decir el 20% del total de la población penal, ha sido encarcelada por delitos sexuales. Vivimos en un país donde cada 39 minutos una niña, adolescente o mujer es violada y donde los agresores sexuales no sienten que han cometido ningún delito, porque consideran que el acceso al cuerpo de la mujer es parte de sus “derechos como hombres”. Estos son los resultados de una investigación que hizo el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en Huacho, Huancayo y Pucallpa, encontrando que esta percepción esta enraizada al punto que el deseo del hombre se impone a los derechos de las mujeres.

La violencia sexual esta tan normalizada que es usual responsabilizar a la víctima por cómo iba vestida o porque era ella quien provocó la violación. Sin embargo, la violencia sexual es aún más grave, cuando la víctima es una niña, un niño o un adolescente. En lo que va del 2025, los Centros de Emergencia Mujer han recibido más de 10.000 denuncias por violación sexual de menores. Lo lamentable es que, en la mayoría de los casos, las niñas son violentadas por algún miembro o amigo de la familia o un conocido. La edad promedio de las menores de edad víctimas de una violación es 12 años.

Pero la realidad es que las cifras de agresión sexual son mucho mayores, ya que la mayoría de casos no llegan a ser denunciados. Solo en el 2024, 1.072 niñas de entre 11 y 14 años se convirtieron en madres. Todos estos casos son producto de una violación sexual, porque el sexo con menores de 14 años en el Perú está prohibido. Pero a nadie parece importarle. Una investigación realizada por El Comercio, encontró que un proceso por violencia sexual infantil demora en promedio seis años para lograr una sentencia. En el camino, las niñas son citadas una y otra vez y confrontadas con el agresor. De esta manera se revictimiza a las niñas retrasando su recuperación emocional y obligando, además, a las familias a pasar por largos y dolorosos procesos. Lo más grave es que de las 650 resoluciones a las que se tuvo acceso, en 635 se encontró responsabilización de la víctima y en 266 de estas, los jueces minimizaron los hechos. Ni la policía ni los jueces en el Perú han sido adecuadamente capacitados para permitir que las víctimas de violencia sexual puedan acceder a la justicia. Y esto no va a cambiar en la medida en que como sociedad no decidamos involucrarnos y proteger a nuestras niñas.