(Foto: El Comercio/Presidencia).
(Foto: El Comercio/Presidencia).

Son muchas las razones por las que los países pueden atravesar por etapas de estancamiento o retroceso económico. Aquellos que transitan por períodos de guerra civil o por procesos hiperinflacionarios, por citar dos ejemplos, son proclives a tasas negativas de crecimiento. También son enemigos del desarrollo los proyectos estatistas y socialistas.

Existen, por otro lado, aventuras políticas que socavan el desarrollo pero que, por encontrarse sostenidos por un amplio soporte social, disimulan sus efectos por largo tiempo; tan largo, que a veces se pierde de vista la relación causa-efecto. Me refiero a los procesos populistas; léase, a aquellos en los que desde distintos estamentos del poder se implementan políticas públicas dirigidas a cambiar la aprobación de tal o cual entidad, antes que a mejoras institucionales o al incremento de la productividad.

En ese camino se han estancado grandes esfuerzos de reforma en nuestra región y, cómo no, en nuestro país. Lo común es el impulso de medidas populistas desde el Ejecutivo. El problema se agudiza, no obstante, si a ese mismo empeño se abocan otras instancias de poder, como sucede en nuestro caso.

En efecto, si nos guiamos por las decisiones de políticas públicas iniciadas o promovidas por los distintos poderes, pareciera que nos encontramos ante una conjunción populista. Por un lado, tenemos al presidente , quien parece creer que solo el calor popular servirá en su lucha contra la aplanadora de la mayoría congresal; de ahí que se encuentre en una espiral populista: propuestas de aumento anual de los salarios para el sector educativo, la no reelección de congresistas, la implementación de subsidios para alquiler de viviendas y en el sector agrario, y así.

Por otro lado, en el Legislativo parecen pensar que dicha práctica debe ser enfrentada con las mismas armas. Nos encontramos de pronto con la modificación del pago de CTS a los trabajadores de (medida que le costará cerca de S/700 millones adicionales a esa entidad) o la regulación de tarifas de estacionamientos (¿mañana será control de precios o alguna otra medida de similar filosofía?), uso de canon para fondos de vivienda, entre otras medidas.

Y si de alentar el populismo se trata, siguiendo las iniciativas provenientes del Ejecutivo y el Legislativo, ahora el Poder Judicial se anima a sumarse. La Corte Suprema ha decidido establecer límites a los contratos temporales en las empresas de ‘services’, lo que desnaturaliza por completo su función.

El populismo, ya sabemos, no ha llevado al desarrollo a ningún país ni ha mejorado aspectos claves de su arquitectura institucional; menos aun, incrementado la productividad general o el bienestar de las mayorías. Más bien, ha sido lo contrario. El problema, ya lo dijimos, es que sus efectos pasan desapercibidos en el corto plazo: para cuando nos damos cuenta de que las cosas no caminan como se esperaba, habrá otra razón a la cual apuntar. Recientemente, por ejemplo, nos enteramos de que la informalidad laboral creció 5%, una clara señal de que algo malo hemos hecho en los últimos tiempos. ¿Serán los continuos aumentos de la remuneración mínima vital? ¿Regulaciones en la línea de las mencionadas anteriormente? Difícil saberlo con precisión, pero el resultado por sí mismo señala que se implementaron políticas públicas sin atención a sus consecuencias. ¿Alguien asumirá la responsabilidad?