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Quién manda a quién, por Federico Salazar

“Frente al Congreso de mayoría fujimorista [Vizcarra] se ha conducido con fuerza y rigor. Frente al gobernador regional de Arequipa, con debilidad y temor”.

Federico Salazar Periodista

Martín Vizcarra

“Lejos de avalar la autorización de construcción de la minera, otorgada por su gobierno, el jefe del Estado agacha la cabeza y anuncia la suspensión de los efectos legales de la licencia”. (Foto: Andina).

El presidente Vizcarra sorprende. Frente al Congreso de mayoría fujimorista se ha conducido con fuerza y rigor. Frente al gobernador regional de Arequipa, con debilidad y temor.

Esta debilidad y este temor lo han llevado a desconocer los actos de su propio gobierno. Ha planteado suspender el efecto de la autorización de construcción para la mina Tía María.

El gobierno, como institución, autoriza; el presidente, por su lado, desautoriza. El presidente salta por encima de la institucionalidad del gobierno.

La empresa Southern Perú obtuvo la licencia de construcción, después de pasar por todos los requisitos formales. Hizo lo que le exigía la ley, y las autoridades, aunque tarde, reconocieron legalmente su derecho a operar.

El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, se opuso a este procedimiento legal. Dijo que la población iba a protestar y que si había muertos, sería culpa del Ejecutivo.

Tía María no va a ir, no va”, decretó el jefe del gobierno regional, después de acusar de traidor a Vizcarra. La amenaza fue clara: Tía María “no va a ir. La gente del sur es brava”.

El gobernador de Arequipa dio un ultimátum al presidente de la República para que en 72 horas se retire la autorización otorgada.

El proyecto del gobernador Cáceres es, por supuesto, más ambicioso. No se trata solo de Tía María. Se trata de negar la posibilidad de cualquier explotación minera en la zona y, además, de cambiar la legislación minera para que todas las minas paguen más impuestos. A él le parece que pagan muy poco.

El gobernador no tiene ninguna respuesta técnica sobre los planteamientos de Southern. La mina está alejada varios kilómetros del valle, no usará agua del subsuelo, sino del mar; va a transportar el mineral con un tren, no con camiones.

Un periodista de radio Exitosa le pidió al gobernador Cáceres responder a estos planteamientos de la empresa. La respuesta es inverosímil: “No creemos. Sabemos cómo están contaminando. No creemos”.

La amenaza del gobernador es taxativa: se levantará la población “si es que tocan un centímetro cuadrado del Valle de Tambo”. No es el Estado quien administra los recursos naturales, sino, en Arequipa, el gobernador regional.

Frente a ese anuncio de usurpación de funciones, el presidente Vizcarra… ¡se suma a la protesta! Lejos de avalar la autorización de construcción de la minera, otorgada por su gobierno, el jefe del Estado agacha la cabeza y anuncia la suspensión de los efectos legales de la licencia.

“Si no se aclaran todas las dudas no hay construcción”, anunció el presidente Vizcarra. De paso, desautorizó a su propio gobierno: para él el gobierno dio la licencia a la minera a pesar de las dudas.

¡Pero las observaciones fueron levantadas! ¡Pero el estudio de impacto ambiental está vigente! La respuesta de Vizcarra frente a las autoridades que dieron la licencia es la misma que la del gobernador regional: No creo.

Vizcarra dice con esto: No creo en los procedimientos legales, no creo en lo que dice el Ministerio de Energía y Minas, no creo en el Ministerio del Ambiente, no creo en los ministros ni en el Estado de derecho.

Los recursos naturales no están para aprovecharse y atender con ese dinero las necesidades de la población. No, los recursos naturales están para dejarlos hundidos en la tierra si así lo determina un gobernador regional.

La inversión para Tía María se estima en US$1.400 millones de dólares. Como si al país le sobrara plata, se quiere rechazar esta inversión y, por supuesto, dar la señal a los interesados en invertir en minería que es mejor buscar otros países y otras poblaciones.

Por canon y regalías Southern pagaría S/5.460 millones en 20 años y S/273,4 millones anuales, por impuestos y regalías a Arequipa, aparte de pagos a Islay.

La pobreza, el atraso y la postergación de la población tienen una sola explicación: no hay dinero. Tenemos cobre, pero no deseamos explotarlo, ni obtener dinero de este recurso. Nos lo impiden un gobernador usurpador de funciones y un gobierno nacional débil, timorato y desorientado.

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