Un hecho revelado por un informe de El Comercio ayer resume con precisión la casi nula fiscalización que se le hace a los gastos que se realizan desde el Parlamento. El pasado 25 de octubre Guillermo Bermejo fue condenado a 15 años de prisión por afiliación terrorista y desde esa fecha permanece recluido en Ancón I. Sin embargo, su oficina parlamentaria sigue funcionando como si nada hubiese pasado. Seis trabajadores cobran mes a mes sus sueldos, pese a que su labor no tiene sentido práctico. Entre noviembre y diciembre, el Legislativo desembolsó S/77.806 para mantener una oficina cuyo titular está inhabilitado, preso y condenado por terrorismo. Un gasto de S/38.903 mensuales por una estructura administrativa que carece de propósito.
Lo grave no termina ahí. Tres de esos seis trabajadores son candidatos de Venceremos para las elecciones de 2026. Luis Trinidad Abarca, asesor II, postula a diputado por Cajamarca, mientras que Azucena Rico Sánchez, asistente, y Miguel Huaranga Toledo, técnico de la oficina parlamentaria, postulan al Senado.
La paradoja se profundiza cuando se revisan los números del funcionamiento real. En noviembre, la oficina registró apenas ocho reuniones. Seis de ellas fueron dirigidas por Trinidad Abarca. Desde entonces, no ha recibido una sola visita. La oficina parlamentaria de Bermejo cobra como si el trabajo legislativo estuviera plenamente operativo, pese a que la labor de esta deja de tener sentido al no tener un legislador para el que dicho trabajo esté destinado.
El Congreso ha tenido más de dos meses para decidir si aplica la figura de la “silla vacía” en este caso. El Área Legal y la Oficina de Recursos Humanos ya emitieron informes al respecto. El titular del Legislativo, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), ha indicado que esperará el informe de la Comisión de Constitución (presidida por su colega de bancada Arturo Alegría) al respecto, pero esta recién sesionará en marzo, salvo que decidan convocar a una sesión extraordinaria durante el receso. La decisión no debería alargarse más: un congresista condenado por delitos de terrorismo no debe mantener oficina ni personal activo.
Hasta entonces, S/38.903 mensuales continuarán siendo destinados a una oficina parlamentaria que no tiene un representante y, por tanto, no tiene razón de ser.
Los trabajadores del despacho de Bermejo también tienen responsabilidad, puesto que, en lugar de dar un paso al costado al no estar haciendo propiamente una labor, guardan un silencio que parece decir “con mi sueldo no te metas”.
WUF
