Desde que se anunciaron los resultados parlamentarios en las elecciones de abril, se sabía que quien asumiera la Presidencia de la República en julio no la tendría fácil. El Congreso estaba fraccionado, los márgenes eran justos y cualquier alianza para la gobernabilidad sería complicada de lograr en ambas cámaras.
Desde que se anunciaron los resultados parlamentarios en las elecciones de abril, se sabía que quien asumiera la Presidencia de la República en julio no la tendría fácil. El Congreso estaba fraccionado, los márgenes eran justos y cualquier alianza para la gobernabilidad sería complicada de lograr en ambas cámaras.
Nada de eso, sin embargo, puede justificar la actitud que ha adoptado Juntos por el Perú (JP) respecto del pedido de facultades del Ejecutivo, liderado por la presidenta Keiko Fujimori. Según destacó el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, durante el foro organizado por El Comercio y América Televisión esta semana, “[el pedido de facultades] está atrapado en una presidencia de una Comisión de Diputados de Juntos por el Perú”. Esta comisión es liderada por la diputada Giannina Avendaño, del grupo de Roberto Sánchez, y ha excedido el plazo legal para dictaminar la propuesta legislativa enviada por el gobierno. Otros grupos parlamentarios se sumaron también a la negativa: de los 12 grupos de trabajo en la Cámara de Diputados, ocho han rechazado el proyecto de delegación de facultades, que contiene 66 medidas. Entre ellos, están comisiones claves como Economía, Energía y Minas, y Justicia.
Es cierto que el Ejecutivo puede tomar decisiones importantes sin necesidad de obtener facultades legislativas. Los ministerios son entidades poderosas, el gobierno maneja el presupuesto y sus entidades pueden aprobar inmediatamente normas de menor rango legal. El debate sobre los eventuales decretos legislativos no puede ser excusa para la inacción.
No obstante, JP y buena parte de la oposición no han dejado claro a qué se oponen exactamente de los pedidos del gobierno. Si consideran que algunas solicitudes son excesivas, vagas o poco relevantes, los parlamentarios deberían explicar con detalle las razones de su posición. Porque, hasta el momento, la impresión inevitable es que se trata de un obstruccionismo por el simple hecho de oponerse al gobierno, sin importar lo que suceda en el país. Incluso políticamente la jugada es torpe: con su actitud antagónica, JP y sus aliados le ofrecen en bandeja de plata al gobierno la excusa perfecta, por si las cosas no funcionan como deberían.
La complicada relación entre el gobierno, el Senado y Diputados irá madurando conforme pasen los meses. Pero el país no tiene tanto tiempo. El fenómeno de El Niño empieza a golpear y el crimen organizado no da tregua. Las elecciones ya pasaron y las prioridades no pueden seguir revolviendo alrededor de la pequeña agenda política de cada partido y sus tiempos individuales.
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