Solicitud presentada por la defensa de Alan García fue declarada infundada (Foto: Antonhy Niño de Guzmán)
Solicitud presentada por la defensa de Alan García fue declarada infundada (Foto: Antonhy Niño de Guzmán)
Editorial El Comercio

El 1 de noviembre, en una seguidilla de mensajes divulgados a través de su cuenta de Twitter, planteó una hipótesis temeraria y poco fundamentada. Tras hacerse eco de una afirmación del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sobre un presunto interés político coordinado entre el fiscal José Domingo Pérez y el gobierno para ‘tapar’ la investigación del Caso Chinchero, dio por sentado que fueron el presidente Martín Vizcarra y el primer ministro César Villanueva quienes encarcelaron la semana pasada a Keiko Fujimori, para luego diagnosticar que se ha “politizado la justicia” y hacerse –dos veces– la pregunta retórica de si ese escenario suponía una ruptura del orden constitucional. “¿Es un golpe de Estado?”, escribió.

No se estaba refiriendo con esa expresión, por cierto, a uno de esos cuartelazos que tristemente caracterizaron la historia política de nuestro país el siglo pasado, sino al supuesto avasallamiento al que un poder del Estado –el Ejecutivo– podría haber sometido a otro –el Judicial– y a una entidad autónoma como la fiscalía. Un atropello semejante, qué duda cabe, configuraría también una alteración de la institucionalidad… Pero la verdad es que sencillamente no hay elementos que permitan aseverar, con algún viso de seriedad, que tal cosa haya ocurrido.

Salvo por los ‘troles’ de ocasión y los disciplinados parlamentarios del Apra, muy poca gente ha prestado credibilidad a la pretendida alarma activada por García. El legislador Javier Velásquez Quesquén ha hablado, en efecto, de un “inminente golpe de Estado” y su compañero de bancada Jorge del Castillo, “de una serie de comportamientos del gobierno, del señor Vizcarra y del señor Villanueva, que eran lo más parecidos al pre 5 de abril [de 1992]”, sin haber provocado la conmoción ciudadana que, en otras circunstancias, una advertencia de ese tipo suscitaría.

Ni siquiera en el fujimorismo, principal interesado en que la prisión preventiva dictada contra su lideresa sea percibida como una medida abusiva, se han animado a ir tan lejos. El congresista Carlos Tubino, nuevo vocero de la bancada de Fuerza Popular, ha calificado de “imprudente” la agitación del tópico golpista y ha dicho: “Hay que tener el sustento del caso; […] no estamos para ese tipo de cosas”.

Daría la impresión, en consecuencia, de que el ex presidente García ha quedado descolocado con su observación tremendista. En lugar de inaugurar y darle nombre a la lectura de una determinada coyuntura política –como sucedió, por ejemplo, cuando motejó de “reelección conyugal” los verosímiles afanes de la señora Nadine Heredia de suceder a su esposo en la presidencia–, parecería haberse lanzado esta vez a una piscina sin agua, arrastrando además a varios de sus compañeros de partido en el inconducente clavado.

Se pueden criticar, desde luego, los permanentes pronunciamientos del presidente Vizcarra y otros representantes del Ejecutivo sobre la conveniencia de que el actual fiscal de la Nación deje su cargo, así como el condicionamiento inicial a que la bancada fujimorista cambie su actitud a propósito de esa materia para acceder a cualquier diálogo con ella (de hecho, en este Diario hemos editorializado al respecto). Pero saltar de esas observaciones a vaticinar un golpe de Estado en ciernes o, peor aún, a deslizar sibilinamente que este ya podría haberse producido, es a todas luces un acto desproporcionado, que da pie a interpretaciones de la naturaleza más diversa.

No han tardado, efectivamente, en surgir voces que postulan una relación entre el destemplado clamor del líder aprista y un supuesto temor por el cariz que van cobrando las investigaciones de los aportes y sobornos de Odebrecht durante las campañas y gobiernos de los últimos 15 años. Una teoría a la que habría que pedirle, por cierto, los mismos visos de seriedad que se demanda a las elaboraciones sobre la pretendida ruptura del orden constitucional. Pero que Alan García, habida cuenta de la ligereza con la que ha entrado en esta ocasión al debate político, no está en la mejor posición de exigir.

Como este episodio demuestra, agitar en vano el fantasma del golpe puede acabar a veces en un porrazo.