Político de un período

Al peruano promedio, el político promedio le genera antipatía y desconfianza. Quizás con excepción del populismo y los embustes del expresidente Martín Vizcarra, a los políticos nacionales de la última década se les ha hecho demasiado difícil encontrar la fórmula del apego popular. Ello permitió que se promuevan y aplaudan medidas reñidas con principios básicos de madurez democrática siempre que estas tuvieran como fin castigar a la clase política. La institucionalización del trato de puntapié para el congresista, gobernador o alcalde ha sido el ritmo de moda por años. El resultado es un campo político minado en el que la desafección ciudadana incuba peores autoridades y estas, a su vez, alejan aún más a la gente honesta de la política.

Uno de los ejemplos más saltantes de la erosión en las reglas de estabilidad democrática ha sido la prohibición de la reelección inmediata para gobernadores y alcaldes. La medida, que lleva casi 10 años de vigencia, tuvo como objetivo ofrecer espacios de alternancia democrática en los gobiernos subnacionales, pero terminó desprestigiando a las autoridades, debilitando las estructuras de gobierno municipales y regionales, forzando borrones y cuenta nueva de obras por egoísmo político y alejando aún más a los políticos de sus electores. Lo cierto es que los distritos, provincias y regiones deben ser libres de castigar con su desaprobación a las autoridades ineficientes o corruptas, o premiar con su voto a los honestos y eficientes. En cualquier caso, hacia el 2014, la tasa de reelección de alcaldes era de apenas 18,2%.

La encuesta urbano-rural de Datum Internacional que publica hoy El Comercio registra precisamente una leve mejora en la proporción de ciudadanos que simpatizan con la eventual reelección inmediata de alcaldes y gobernadores por un período adicional. La tasa de personas que favorecen la continuidad de autoridades pasó del 48% en diciembre pasado al 52% en junio de este año, mientras que el porcentaje que se opone se redujo del 49% al 45% en el mismo período. El pequeño cambio de percepción ciudadana está en línea con la votación legislativa de reforma constitucional de finales del mes pasado que permitiría esta reelección única. En primera votación, 92 congresistas respaldaron la modificación de los artículos 35, 191 y 194 de la Constitución en tal sentido.

Por supuesto, el problema no está solo en la percepción sobre las autoridades subnacionales. La misma encuesta destaca que la popularidad de la presidenta Dina Boluarte habría tocado su nivel más bajo, con tan solo 5% de aprobación. La cifra es menor incluso a la peor que registraron en su momento Alejandro Toledo (7%) y Alan García en su primer gobierno (6%). La frivolidad, opacidad y mal gobierno general de la mandataria justifican cada uno de los 91 puntos de desaprobación que ostenta. Ni siquiera su predecesor –de quien dice diferenciarse a pesar de un paso del tiempo que los asemeja– llegó a tales niveles de hartazgo ciudadano. Los titulares de la Presidencia del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y del Congreso, Alejandro Soto, también registran altos niveles de desaprobación, con cerca de tres de cada cuatro peruanos que rechazan su labor.

Es saludable, pues, que se restituyan garantías constitucionales que permitan más soporte para las autoridades electas. Pero se hace políticamente difícil fortalecer estructuras institucionales cuando quienes las encarnan en el día a día están lejos de merecer mayor protección o, siquiera, a veces, continuidad.