Editorial El Comercio

Las sanciones políticas que pesan sobre y sobre la organización política que encabeza son diferentes, pero tienen la misma consecuencia: ninguno de los dos podrá participar en las elecciones del 2026. En el caso de Vizcarra, hablamos de dos inhabilitaciones para ejercer cargo público aprobadas por el Congreso, y en el de Humala, de una declaración de ilegalidad del ahora expartido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (Antauro), porque, como ya lo estableció la Corte Suprema, dicha agrupación constituye un peligro para el sistema democrático.

Pese a ello, tanto el expresidente procesado por corrupción como el responsable de la mortal asonada conocida como el ‘andahuaylazo’ pretenden convencer a sus seguidores de que esos impedimentos no existen o no se sostendrán en el tiempo, y están en una permanente actividad de supuesta campaña electoral.

Es probable que lo hagan con la doble intención de, por un lado, victimizarse frente a la ciudadanía cuando se les niegue la eventual inscripción de sus postulaciones, y por otro, acumular fuerzas para luego endosarle su apoyo a un candidato que le ofrezca algún tipo de retribución posterior. Es decir, estamos ante dos modalidades de embuste al electorado, pero eso a duras penas sorprende. Ni Vizcarra ni Humala se han caracterizado por comunicarse con la ciudadanía a partir de un discurso veraz.

Cabe añadir que los bloqueos legales que ellos intentan desconocer se aplican también a hipotéticas postulaciones suyas al Senado o a la Cámara de Diputados. En lo que concierne al primero, la inhabilitación es personal y se aplica, como anotábamos antes, a sus eventuales aspiraciones de acceder a cualquier cargo público. Mientras que en lo que se refiere al segundo, el Poder Judicial declaró la ilegalidad de su partido porque Humala Tasso venía “realizando actividades contrarias a los principios democráticos” a través de un discurso violentista y matonesco en el que incluso amenazaba con “fusilar” a exmandatarios y desconocer la Constitución.

Sea como fuere, la situación presente los pinta de cuerpo entero. Podemos habernos librado de ellos como candidatos, pero no de su permanente voluntad de adulterar la verdad en su provecho.

Editorial de El Comercio

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