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Editorial: Caminos peligrosos

Gobierno y Congreso sentarían un peligroso precedente si acceden a amnistiar a los comuneros denunciados por el conflicto de Las Bambas.

Editorial

Las Bambas

El último miércoles, las comunidades de Cotabambas se reunieron con representantes del Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, autoridades locales y el congresista Richard Arce. (Foto: Cortesía).

El Comercio

El último miércoles, un grupo de funcionarios del Estado reunidos con dirigentes locales en el distrito de Challhuahuacho (Apurímac) firmaron un acta con una serie de acuerdos en torno al conflicto social por el proyecto minero Las Bambas. De los cinco puntos acordados, sin embargo, el último destaca por ser particularmente inquietante.

“El congresista Richard Arce –quien es, a saber, representante parlamentario de la región Apurímac por la bancada de Nuevo Perú– señaló que desde el Congreso de la República promoverá un proyecto de ley de amnistía en un plazo de una semana. Para ello, se compromete a dialogar con el presidente del Congreso de la República para su viabilización a fin de defender los derechos de todos los comuneros […]. Por su parte, el Ministerio de Justicia se compromete a brindar el soporte técnico legal que corresponde”, se lee en el documento.

Según la versión del presidente de la comunidad de Fuerabamba, Gregorio Rojas, serían 500 los comuneros denunciados en los últimos años por las protestas contra el proyecto cuprífero en la región que, como recordamos, alcanzó su punto más álgido el mes pasado con la toma de la carretera que utilizaba la minera para transportar su producción y que se prolongó durante más de 60 días. Ninguna autoridad, sin embargo, ha precisado cuál es el número exacto de personas implicadas.

Vale mencionar, no obstante, que una cosa es solicitar a instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público o la Defensoría del Pueblo revisar las denuncias contra los comuneros caso por caso para detectar si, en efecto, ha habido algún exceso dentro de ellas –como, de hecho, se contempla también en los acuerdos–, y otra muy distinta es empujar desde el Legislativo una suerte de eximición general para todos los denunciados. Más aun si, como ha reconocido el propio viceministro de Gobernanza Territorial, Raúl Molina, al semanario “Hildebrandt en sus trece”, “los delitos que predominan [entre los denunciados] son bloqueo de carreteras, resistencia a la autoridad, conflictos con la policía, entre otros”. Es decir, delitos comunes.

Más allá de las acrobacias argumentativas que puedan efectuar tanto los representantes del Ejecutivo como el legislador Arce para dorar la píldora y persuadirnos de la oportunidad de otorgar esta ‘amnistía’ –suponiendo que tal objetivo fuese posible–, lo cierto es que estamos ante un escenario inequívoco en el que se trata de empujar un proyecto de ley para otorgarle a un grupo específico de ciudadanos un beneficio del que no dispone el resto de peruanos que pudiesen estar pasando por el mismo trance. Esto es puro y duro populismo. Y un nuevo episodio de una ley con nombre propio, como tantas otras que el Congreso nos ha legado en los últimos tiempos.

Desde este Diario, hemos sido claros en denunciar que los diálogos en los conflictos sociales jamás deben condicionarse a que el Estado abdique a sus responsabilidades o a que interfiera en los procesos que dependen de otras instituciones autónomas, como el Poder Judicial y el Ministerio Público. Tristemente, esas son las dos líneas rojas que se estarían violentando si el Ejecutivo y el Parlamento acceden a cumplir con el acta que han rubricado esta semana.

Y se abriría, de paso, una hendidura por donde se podrían impulsar otras agendas igual de alarmantes. ¿Qué garantizaría, por ejemplo, que después de esta ‘ley de amnistía’ el Estado no se involucre con otro de los reclamos de los comuneros en torno a la liberación de los hermanos Jorge y Frank Chávez Sotelo, asesores legales de Fuerabamba, que actualmente se encuentran en prisión preventiva señalados por la fiscalía por integrar una presunta organización criminal dedicada a la extorsión? ¿Y cuál sería el mensaje para el resto de ciudadanos del país? ¿Que se puede tomar carreteras o resistirse a la autoridad sin ninguna consecuencia legal de por medio?

Es cierto que el Ejecutivo de Martín Vizcarra ha mostrado desde sus inicios varias señales de retroceso ante los clamores de un grupo específico de ciudadanos. Sin embargo, ni los comuneros de Fuerabamba ni los de ningún otro lugar del país pueden pasar por encima de la ley.

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