Editorial: Punto de ignición

A las 3:30 de la madrugada del 25 de julio, cuando el país dormía y nuestras autoridades se preparaban para el fin de la legislatura, un incendio asolaba el asentamiento humano San Juan Bosco en el Callao. Si bien no hubo muertos, 345 personas quedaron damnificadas, sus hogares reducidos a cenizas. Un área de aproximadamente 1.500 metros cuadrados fue afectada por el fuego. Mientras la ciudad recién se desperezaba, los bomberos cumplían varias horas luchando contra las llamas.

Difícilmente alguien podría negar el heroísmo de nuestros hombres y mujeres bomberos. En circunstancias en las que la mayoría de personas elegiría huir, ellos se internan en el peligro y arriesgan sus vidas para tratar de salvar las de otros. La suya es una misión basada en el desprendimiento y en proteger y cumplir con la patria, por ello exige el respeto y la admiración de todos los que dependemos de ellos para librarnos de alguna emergencia… La realidad, sin embargo, solo los homenajea con indiferencia.

Y es que las condiciones en las que tienen que trabajar los bomberos de nuestra capital –que, además, no reciben un salario por sus esfuerzos– son francamente oprobiosas. Según una nota publicada ayer por este Diario, por ejemplo, el 48% de los vehículos de emergencia que deberían estar a su disposición se encuentran fuera de servicio, con 151 unidades en talleres o abandonadas en los cuarteles. Esto se traduce, por nombrar algunos casos, en la inoperatividad del 72% de escalas telescópicas, 58% de unidades médicas, 29% de camiones contraincendios y 58% de unidades de rescate. Una tesitura que, como es de esperarse, mella la capacidad de estos voluntarios para lidiar con los siniestros que pueden darse en la ciudad. Precisamente lo que ocurre con la compañía de bomberos N°105 de Villa El Salvador que, por falta de unidades, no puede apagar incendios.

Para añadir insulto a la herida, el equipamiento con el que cuentan los bomberos para protegerse de las llamas también representa un problema. Como describe la referida nota, muchos de los voluntarios utilizan trajes viejos, botas de jardinería y, para proteger sus pulmones, equipos respiradores que nunca han recibido mantenimiento. Esta situación se hace más grave frente a la noticia de junio de este año de que S/3 millones fueron empeñados para costear 200 respiradores que ni siquiera estaban diseñados para ser usados en incendios.

¿Pero, qué explica el descuido en el que permanecen nuestros bomberos? La raíz del problema parece resumirse en la ineficiencia. Puntualmente, la de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. La institución, por ejemplo, solo ha adquirido, en los últimos dos años, 11 ambulancias y 40 camionetas de rescate; estas últimas los bomberos acusan ni siquiera haberlas requerido. Por otro lado, con más de la mitad del año transcurrido, solo 27% del presupuesto de S/120 millones de soles asignado a esta entidad ha sido ejecutado. El intendente, Charles Hallenbeck, espera llegar a fin de año habiendo usado el 87% del dinero, pero la porción se saborea pequeña cuando de por sí el total es bajo para las necesidades de nuestros bomberos.

La pregunta que surge de esta situación es obvia: ¿Tienen que ocurrir más tragedias para que nuestras autoridades presten atención a nuestros bomberos? ¿Necesitamos que más de ellos mueran o queden postrados de por vida?

En suma, es claro que los bomberos están sufriendo la falta de voluntad política de nuestras autoridades. El remedio al relego que hoy sufren quienes pugnan por protegernos del fuego y la destrucción se encuentra en manos del Ejecutivo y nadie podría culparnos si quisiéramos que, con el mismo ahínco con el que se enfrenta al Congreso, el presidente Martín Vizcarra (quien ha sido bombero en Moquegua) se esmerara por darle a nuestros voluntarios lo que necesitan para hacer su trabajo. Un gesto mínimo en pro de aquellos que no piden nada a cambio de arriesgar sus vidas por sus coterráneos.