En los últimos años, los descomunales ingresos que mueve la minería ilegal han opacado parte de la discusión sobre el resto de la economía ilícita y su infiltración en el aparato público. Esto es un error. Más bien, en la erosión del sistema democrático y del Estado de derecho las economías ilegales se potencian mutuamente.
Una de estas actividades es la pesca ilegal. De acuerdo con un reporte publicado ayer por la Unidad de Investigación de El Comercio, al menos dos candidatos al Congreso tienen una trayectoria que los vincula con este negocio. Uno de ellos es César Sánchez Ulloa, quien lleva el número 1 al Senado por Áncash en las filas de Alianza para el Progreso (APP). Sánchez carga con 35 resoluciones del Ministerio de Producción en las que se le impone multas por pesca ilegal a empresas de su entorno inmediato. Vale notar que APP logró colocar a una congresista por Áncash en las elecciones pasadas.
El segundo caso es el de Alex Pazo Querevalu, número 5 de la lista de diputados en Piura de Podemos. Pazo trabaja en una empresa sancionada por pescar en zonas prohibidas y es sobrino del actual congresista José Bernardo Pazo Nunura, de Somos Perú. Este último, junto con sus hermanos, ha sido penalizado casi 60 veces por pesca ilegal. En las elecciones del 2021, Podemos también tuvo éxito en conseguir una curul en Piura.
Evidentemente, las actividades ilegales buscarán una representación en lo más alto de la política nacional. Desde ahí pueden proteger sus intereses con suficiente influencia. La semana pasada, por ejemplo, desde este Diario dábamos cuenta de una investigación del medio “Territorio Tomado” que señalaba que 64 candidatos a diputados y senadores de 29 partidos políticos cuentan con Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) vigente. Potenciales representantes de los transportistas informales, narcotraficantes y otras actividades al margen de la ley también estarán en la cédula electoral de abril.
Era responsabilidad de los partidos políticos evitar que estos personajes se filtrasen en la campaña electoral. Para algunos partidos, sin embargo, la presencia de representantes de la ilegalidad e informalidad no es un error de sus procesos internos; parece más bien su razón de ser. Queda en manos entonces de ciudadanos mejor informados evitar que el país caiga en manos del crimen organizado. Sin temor a exagerar, este es -muy posiblemente- el riesgo más grande que enfrenta el Perú cuando se cuenten los resultados del 12 de abril.
WUF
