Un conductor que habría estado alcoholizado, un bus repleto de pasajeros y una vía sin medidas de seguridad coincidieron en la madrugada del miércoles para sembrar la tragedia en Arequipa. El resultado: 37 fallecidos, 26 heridos y un detenido que enfrenta cargos que podrían llevarlo a prisión hasta por 15 años. Según la policía y testigos del siniestro, Hennry Apaclla Ñaupari habría chocado la camioneta que manejaba –con alcohol en la sangre– contra un bus de la empresa Llamosas, lo que habría provocado que este se precipitara al vacío en una vía que no cuenta con ningún tipo de barrera de protección para evitar caídas. Esto último es particularmente grave si consideramos que se trata del mismo lugar en el que, siete años atrás, otro bus enfiló hacia el abismo y provocó la muerte de 45 personas.
Apenas en setiembre pasado, luego de que un bus de transporte público chocara con un guardavías en la Vía Evitamiento, en Lima, el jefe de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la PNP, Manuel Vidarte, explicó que hasta ese momento su institución registraba 2.332 fallecidos por accidentes de tránsito en todo el país. Para darnos una idea de lo que esto significa, se trata de un número mayor que el de las víctimas por homicidio que llevamos en más de 10 meses del 2025 (1.913) que, a su vez, ya es el año con más homicidios de los últimos nueve.
Y, sin embargo, poco se habla de medidas para reducir la siniestralidad en nuestras pistas. De hecho, el tema ha pasado desapercibido en las primeras entrevistas que han dado los precandidatos a la presidencia y, en el Congreso, en lugar de endurecer la fiscalización y las sanciones contra los malos conductores (el que habría ocasionado el accidente en Arequipa no solo manejaba con rastros de alcohol en la sangre, sino que registraba dos papeletas por infracciones graves), se presentan más bien propuestas que van en sentido contrario: desde amnistías de multas hasta la conocida como ‘ley del borrachito’, que busca devolverles la licencia a los conductores a los que se les quitó por manejar ebrios.
El Perú atraviesa una emergencia en las pistas que suele levantar menos atención política, pero que no por ello deja de ser grave. Que la campaña del 2026 sea entonces el momento para discutir la gran reforma para evitar que más de 2.000 compatriotas sigan muriendo cada año por la imprudencia, la informalidad y el mal estado de nuestras vías (con puentes que se caen, pistas sin guardavías e incluso guardavías mal instalados que terminan incrustándose en vehículos).
Para que nuestras carreteras, por fin, dejen de enfilar hacia el abismo y la tragedia.
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