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Editorial: Más que un cambio de figuritas

La Comisión de Ética del Congreso necesita no solo un reemplazo de sus integrantes sino una reestructuración.

Editorial

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El día lunes, la Comisión de Ética Parlamentaria decidió archivar la investigación contra Yesenia Ponce. (Foto: Congreso de la República)

Congreso de la República

El archivo del caso de la congresista fujimorista Yesenia Ponce, investigada por presuntamente haberle pagado al director de un colegio para que le conceda un certificado de estudios falso, ha ocasionado una nueva crisis en la Comisión de Ética del Congreso.

Como se recuerda, la denuncia acerca del supuesto desembolso está relacionada con una indagación previa sobre la hoja de vida de la parlamentaria. Un reportaje periodístico alertó hace unos meses que la legisladora de Fuerza Popular (FP) habría mentido sobre la culminación de sus estudios en un centro educativo que, cuando la hoy congresista estudió (1995 y 1996), no contaba con autorización para enseñar a ese nivel. Tiempo después, un nuevo reportaje alertó que las supuestas actas de estudios en las que figura Ponce y sus supuestos compañeros de clase consignan un conjunto de nombres inexistentes, que no estarían en la base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

En el proceso que ahora nos concierne, fueron únicamente los miembros fujimoristas de la Comisión de Ética quienes, respaldando el informe de la secretaría técnica de la comisión que indica que no existirían indicios suficientes para probar el pago, votaron a favor del archivo de la investigación contra Ponce: Milagros Salazar, Milagros Takayama y Juan Carlos Gonzales. Este último, además, usó su voto dirimente como presidente de la comisión para romper el empate frente a los tres votos en contra provenientes de los legisladores de otras bancadas.

En medio de la polémica, que ha sido catalogada por representantes de diversas tiendas políticas como un caso de blindaje entre parlamentarios de FP, Gonzales renunció esta semana a su cargo, alegando primero motivos “estrictamente personales”. Empero, al cabo de unas horas, admitió que creía que debía haber un cambio en la Comisión de Ética, incluyendo la posibilidad de que cada bancada parlamentaria esté representada por un solo miembro y que dicho grupo de trabajo deje de ser presidido por FP.

No es la primera vez que un congresista fujimorista renuncia a la presidencia de la comisión en medio de serios cuestionamientos a su labor (Segundo Tapia había dimitido al cargo en mayo del 2017), ni tampoco la primera ocasión en que los legisladores naranjas que conforman esta comisión han sido acusados de proteger a sus correligionarios. En diciembre del año pasado, por ejemplo, fueron duramente criticados por negarse a investigar a sus compañeros de bancada que se hicieron presentes durante el allanamiento realizado por la fiscalía de los locales de Fuerza Popular. Estos cargaban con acusaciones de haber mostrado una conducta incorrecta ante los funcionarios del Ministerio Público. Ello ocasionó que los representantes de Acción Popular, Peruanos por el Kambio, el Frente Amplio y Alianza para el Progreso renunciaran o suspendieran su participación en la comisión.

Pero, a decir verdad, el penoso papel en el control de la ética parlamentaria no puede ser atribuido a un solo grupo político. De los 105 casos llevados a la Comisión de Ética en este Congreso –que también involucran a legisladores de otras agrupaciones–, menos del 5% culminó en una recomendación de suspensión y ninguna ha sido aprobada por el pleno.

Este panorama, aunado al desprestigio que sufre el Congreso (con apenas 14% de aprobación, según la más reciente encuesta de Ipsos para El Comercio), se vuelve el terreno idóneo para que surjan alternativas como las de cambiar el sistema de representación partidaria en la comisión u otras que proponen reformas más profundas. A este último grupo, por ejemplo, responde la iniciativa legislativa planteada por los parlamentarios Guido Lombardi y Alberto de Belaunde, que busca que la Comisión de Ética sea integrada por personas de reconocida trayectoria que no pertenezcan al Congreso, para evitar así el trato displicente que se genera cuando a un legislador le toca ser el sancionador de sus propios colegas.

Estas propuestas deberían ser objeto de un estudio serio, pues lo que ha quedado claro a ojos de la opinión pública es que el sistema de ética parlamentaria solo ha servido, hasta ahora, como instrumento para atacar políticamente a los rivales y para apañar a los aliados. Y en ese sentido, un mero cambio de figuritas en su conformación no servirá para corregir el rumbo de esta comisión, ni mucho menos para mejorar su imagen ante la ciudadanía.

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