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Editorial: Votos y suspensiones

Los congresistas deben tomar una decisión sobre la disposición constitucional que regula la votación en casos de posible suspensión o inhabilitación.

Editorial

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Hoy se llevará a cabo la sesión plenaria del Congreso de la República en la que se decidirá el destino de los legisladores Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

Hoy se llevará a cabo la sesión plenaria del Congreso de la República en la que se decidirá el destino de los legisladores Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, quienes afrontan una posible destitución por estar implicados en la presunta compra de votos para evitar la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Más allá de la decisión que se tome sobre el fondo del asunto, queremos centrarnos aquí en una cuestión previa, que los parlamentarios también deberán resolver hoy: ¿quiénes deberían participar en esta votación?

De acuerdo a la Constitución (artículo 100), “corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad”. Una regla que es reiterada en el Reglamento del Congreso (artículo 89). Según especialistas en derecho parlamentario, la única excepción en la que un titular de la Comisión Permanente puede votar en el pleno es cuando un accesitario votó por él en la Permanente.

Para entender la razón detrás de esta prescripción constitucional, hay que partir del hecho de que la Comisión Permanente es la que acusa ante el Congreso a los funcionarios (artículo 99 de la Constitución). Así, puesto que la Comisión Permanente cumple un rol fiscalizador en este tipo de procedimientos legislativos, deberían ser los legisladores restantes –ajenos a la imputación previa– quienes cumplan la labor juzgadora.

A pesar de la aparente claridad de las normas, sin embargo, en los últimos días diversos parlamentarios miembros de la Comisión Permanente –que no ejercieron su voto– han manifestado su intención de votar también en el pleno. “Yo ya he participado en todo el debate y prefiero guardar mi voto para el día del pleno”, manifestó, por ejemplo, el legislador Héctor Becerril, vocero alterno de Fuerza Popular. Y en un sentido similar se pronunció su colega de bancada Leyla Chihuán, quien asistió a la sesión de la Comisión Permanente pero se inhibió de votar para “guardar su voto”. Bajo esta lógica, Fuerza Popular podría usar en el pleno los siete votos que no utilizó en la Permanente.

¿De dónde nace esta idea, cuando la norma no parece dejar espacio para dudas? La respuesta estaría en la práctica parlamentaria. Como lo muestra un informe publicado la semana pasada en este Diario, existen precedentes de discusiones en las que miembros de la Permanente no emitieron su voto en la aprobación del informe final y lo usaron en el pleno. Efectivamente, esto habría sucedido en los periodos legislativos durante los gobiernos de los presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Como vemos, estamos aquí frente a un caso en el que la práctica parlamentaria y la Constitución se encuentran enfrentadas. Para acabar con este enfrentamiento, lo recomendable sería que los parlamentarios opten por debatir qué primará no solo este miércoles, sino de aquí en adelante. Y si al final optan por hacer valer la realidad frente a la norma escrita, lo que se requerirá de ellos es una reforma constitucional y una modificación del reglamento. Así se evitarán acusaciones de manipulaciones políticas, y se evitará también que la Constitución siga siendo desatendida.

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