Editorial El Comercio

El partido de ya se encuentra oficialmente disuelto y ha sido retirado del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del . Se ha convertido en una agrupación ilegal. Transcurrieron varias semanas desde que la Corte Suprema ratificara el histórico fallo en primera instancia que dispuso su cancelación y el cierre de todos sus locales por contravenir los principios democráticos, pero la decisión recién se pudo ejecutar ayer.

Se trata, sin duda, de una buena noticia para todos los peruanos que creen y respetan el orden institucional, los derechos humanos y los valores democráticos. Era inconcebible que una organización cuya cabeza visible pregonaba el odio contra minorías vulnerables y anunciaba las ejecuciones extrajudiciales de expresidentes (incluyendo a su propio hermano), pretendiera legitimar este discurso de odio participando en el próximo proceso electoral. El fallo judicial marca un importante precedente para cualquier otra agrupación que a futuro pretenda propalar el violentismo como doctrina.

La cancelación del partido cuyas iniciales formaban el nombre del asesino de policías fue posible gracias a que ayer el Poder Judicial, luego de superadas varias maniobras dilatorias del antaurismo, notificara la sentencia al JNE. Aquí cabe aplaudir la reacción célere del organismo electoral, que, sin apelar a formalismos administrativos ni otro tipo de excusas, retiró de inmediato del ROP a la organización proscrita. Con esto, la entidad marca una saludable distancia con la posición timorata que tuvo sobre este asunto la anterior gestión.

La cancelación del partido del sentenciado por el ‘andahuaylazo’ no significa que hay que bajar los brazos. La democracia debe seguir vigilante. El sedicioso ya debe estar calculando infiltrarse en el próximo Congreso, con la complicidad de algún partido desesperado por ganar votos. Pero debemos recordar, como lo han señalado diversos expertos electorales, que para poder postular como invitado por otra agrupación debió renunciar en diciembre pasado al partido Antauro. No podemos dejar que use alguna artimaña legal. La institucionalidad democrática le ha cerrado las puertas y siempre deben estar cerradas para este asesino.

Editorial de El Comercio

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