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Editorial: Colaboración ineficaz

Poner en manos del Congreso una herramienta delicada como la colaboración eficaz no solo luce inconstitucional, sino también riesgoso.

Editorial

Daniel Salaverry

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, en una sesión del pleno del pasado 8 de marzo. (Foto: Congreso).

En la actualidad, resulta innegable poner en duda la importancia que puede tener la colaboración eficaz en investigaciones con arquitecturas complejas como las que persiguen delitos de organización criminal o lavado de activos. En nuestro país, por ejemplo, las declaraciones y pruebas aportadas por algunos investigados que postulan a esta condición han aceitado la marcha de casos tan enredosos como los de Lava Jato o Los Cuellos Blancos del Puerto, por citar solo dos de los más conocidos.

Y sin embargo, no podemos soslayar el hecho de que esta herramienta pueda entrañar, a la par de beneficios, algunos riesgos. Siempre existe la posibilidad, en efecto, de que envalentonado por una eventual reducción de su pena algún aspirante a colaborador eficaz pueda hiperbolizar sus dichos, o que, en un escenario extremo, un procesado pueda echar mano de esta para enlodar a otros al tiempo de amortizar su participación en un ilícito.

Para evitar esto último, precisamente, es que la colaboración eficaz se maneja en dos momentos distintos y a través de dos poderes autónomos: primero en manos de la Fiscalía de la Nación y luego, a través de un control de legalidad, del Poder Judicial. Y hablamos, además, de un procedimiento que, por su complejidad, puede prolongarse durante varios meses antes de efectivizarse.

Ahora, no obstante, el Congreso también quiere instituir sus propios colaboradores eficaces para las investigaciones que lleva a cabo en su fuero.

El último viernes, cinco congresistas, entre los que se encuentra el presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, presentaron un proyecto de resolución legislativa para que se implemente en el reglamento del Congreso la figura de la “colaboración eficaz en el ámbito de las comisiones investigadoras y de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”.

Siendo optimistas, uno podría buscar un saludable interés anticorrupción en la iniciativa de los legisladores (según ha explicado Salaverry, el propósito del proyecto sería que los procesos que se ven en los referidos grupos “no se archiven por falta de pruebas”). Sin embargo, cabría preguntarse más bien si el Legislativo, al colocar en manos de quienes responden a intereses políticos un instrumento tan fino como este, no estaría jugando en realidad en contra de lo que teóricamente se propone.

El primer problema con la propuesta, sin ir más lejos, es su asidero constitucional. Según han explicado a este Diario los abogados Luis Vargas Valdivia y Luis Lamas Puccio, el proceso de colaboración eficaz, cuya naturaleza es jurisdiccional, está regulado en el ordenamiento jurídico peruano por el Código Procesal Penal, por lo que ponerla en manos del Congreso a través de una adenda a su reglamento supondría “una invasión de funciones que la Constitución reserva para el Ministerio Público y el Poder Judicial”.

Así también, y como ya hemos mencionado anteriormente a propósito de las comisiones investigadoras del Legislativo, existe el riesgo latente de que los congresistas –que al fin y al cabo responden a un partido determinado y a propósitos distintos de los que tiene un juez o un fiscal– politicen unas pesquisas que debieran apuntar a ser objetivas, y manoseen un instrumento delicado para repetir lo que no pocas veces ocurre dentro de una comisión: golpear a los adversarios y proteger a los aliados.

Para no ir muy lejos, basta con mencionar el ejemplo de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (mencionado en el proyecto de ley), que ha servido, en los últimos tiempos, como una barraca para blindar al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de gravísimas denuncias a través de los votos mayoritarios de algunas bancadas.

Finalmente, y lo que es peor, no queda claro cuál es la necesidad de contar con colaboradores eficaces en procesos como las denuncias constitucionales, que buscan delimitar las responsabilidades políticas de los señalados, y no si se cometió o no un delito (que le compete a un fiscal).

En honor a la verdad, con proyectos como este es poca, cuando no inútil, la colaboración que los legisladores le prestan a la lucha anticorrupción.

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