Editorial: Punto a punto

A veces una persona con tareas de gobierno entre manos debe estar dispuesta a perder puntos en las encuestas por hacer lo sensato, en lugar de lo popular. No es precisamente lo que ha ocurrido con el presidente Martín Vizcarra, a quien dos días atrás criticábamos en este Diario por haber sacrificado, en aras de su aprobación en los sondeos, la mesura que demandaban tanto su relación con la oposición parlamentaria como sus declaraciones respecto a los migrantes venezolanos.

Tan reprobable como aquello, sin embargo, es que un individuo o una institución con responsabilidades igual de serias esté dispuesto a perder aprobación por las razones exactamente contrarias. Es decir, por hacer lo que resulta impopular, pero por descaminado, indolente y tozudo. Y, a la luz de la última encuesta de Ipsos para este Diario, tal parece ser el caso del Congreso y su presidente, Daniel Salaverry.

Según esa medición, en efecto, la desaprobación del titular del Parlamento se ha incrementado de 52% a 59% en un solo mes, mientras que la del Congreso, a pesar de que ha aumentado solo un punto porcentual en igual lapso (de 71% a 72%), no da señas de estar camino a reparar la pobre imagen que la población tiene de él.

El sondeo de Ipsos no incluye preguntas sobre los motivos de los encuestados para desaprobar a la actual representación nacional y a quien la preside, pero la verdad es que no es difícil adivinarlos.

En lo que concierne a Salaverry, es evidente que el problema del informe falseado sobre la semana de representación y la dilación que ha conseguido darle a lo recomendado al respecto por la Comisión de Ética y su eventual llegada al pleno –ya sea interponiendo recursos judiciales o dejando fuera de la ampliación de la legislatura la votación de los informes de Ética sobre él y Yesenia Ponce– le están pasando factura.

En lo que toca a la desaprobación que afecta a toda la institución, por otra parte, las razones abundan. Cabe anotar que la reprobación que recogen en este caso las encuestas no hace un discernimiento fino, por lo que se produce una clara situación de justos pagando por pecadores. Pero, al mismo tiempo, sería precipitado identificar los principales males que la población resiente con solo una o dos bancadas, pues si bien algunas de ellas han sido especialmente contumaces en sus afanes por defender lo indefendible, en realidad otras han sido igualmente refractarias, a propósito de la labor que sus votantes les encomendaron.

Sobre lo primero, es claro que tanto Fuerza Popular (FP) como el Apra han venido blindando al fiscal Pedro Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y en la Comisión Permanente. Una conducta difícil de atribuir solo a razones de conciencia si recordamos las conversaciones entre integrantes de FP en las que sostienen que la continuidad de Chávarry es un asunto de “supervivencia” (Rosa Bartra) o que hay que “garantizar […] que llegue” (Úrsula Letona).

Sobre lo segundo, nos referimos, por ejemplo, a las bancadas de Nuevo Perú o el Frente Amplio que, ante la última cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, en lugar de responder lo que se les demandaba –esto es, si la otorgaban o rechazaban en función a los proyectos de reforma política presentados por el Gobierno–, actuaron bajo la consigna de buscar que el Parlamento fuese “cerrado”, para estar más cerca de su viejo anhelo de provocar un adelanto de las elecciones generales y la convocatoria a una Asamblea Constituyente que cambie las reglas de juego que no les acomodan.

No podemos olvidar tampoco a la pléyade de congresistas hoy prófugos por delitos sentenciados por el Poder Judicial, otros bajo investigación preliminar en la fiscalía por nexos con una organización criminal (Héctor Becerril), o ligados a empresarios fugitivos de la justicia (Roberto Vieira), o acosadores, o demostradamente mendaces en los datos que consignaron en su hoja de vida o con demandas por alimentos…

Una desaprobación, en fin, labrada punto a punto y a pulso, y de la que las encuestas, al parecer, nos seguirán dando noticia periódicamente hasta que alguien asuma la responsabilidad que la administración seria de ese poder del Estado requiere.
​