El lunes, a las 11 p.m., el Gobierno finalmente presentó sus observaciones al proyecto de ley del Congreso que busca restituir la detención preliminar. El momento elegido –prácticamente al filo del plazo legal– no parece casual. Da la sensación de que optaron por extender la discusión lo máximo posible para evitar que la figura volviera a estar operativa pronto.
Como es evidente, mientras el Legislativo está en receso, la Comisión Permanente –la única instancia parlamentaria que se mantiene en funciones– no tiene facultad para aprobar una norma por insistencia. Por lo que, salvo que se convoque a un pleno extraordinario (para lo que se requieren 78 firmas), las observaciones del Ejecutivo recién serán revisadas tras el receso parlamentario, en marzo. Hasta entonces, los perniciosos efectos de la ley continuarán vigentes. Debido a estos diez integrantes de la presunta organización criminal Las Hienas Verdes (dedicada a la extorsión y el sicariato) fueron liberados en diciembre. Y fuentes de este Diario han revelado que unos cuatro megaoperativos contra mafias dedicadas a la extorsión, el tráfico de terrenos, el narcotráfico y la trata de personas no pudieron realizarse, pese a que la policía ya tenía ubicados a sus integrantes, debido a la norma.
Pero no es solo la decisión de observar la ley, ni tampoco el tiempo que se tomaron para hacerlo, lo preocupante. La propuesta enviada por el Ejecutivo al Congreso también es reveladora de sus intenciones. En esta, por ejemplo, se plantea que la detención preliminar para casos que no sean en flagrancia solo proceda cuando se trata de diez delitos; entre ellos, sin embargo, no se incluyen los relativos a corrupción de funcionarios, minería ilegal, financiamiento prohibido de organizaciones políticas, entre otros. Además, se propone que los jueces no puedan utilizar las evidencias que motivaron una detención preliminar para dictar luego una prisión preventiva, entre otras disposiciones.
En pocas palabras, una propuesta que le da la razón a quienes consideran que este Gobierno no ha tenido ánimo de restituir la detención preliminar porque quiere evitar que sea usada contra uno de sus integrantes que se encuentra investigados en estos momentos: el vocero presidencial Fredy Hinojosa. Mención aparte merece el Congreso, varios de cuyos integrantes han criticado al gobierno de Dina Boluarte por observar la norma, cuando fueron ellos mismos los que eliminaron la detención preliminar meses atrás. En otras palabras, si hoy estamos en este trance es por culpa también del Parlamento.
Sin embargo, al menos el hemiciclo tuvo una dosis mínima de responsabilidad al enmendar su exabrupto. Del Ejecutivo, sin embargo, no se puede decir lo mismo. La manera como ha procedido al respecto, más bien, deja al descubierto sus intenciones.
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