Editorial: Más allá de la apología

Mañana, la Comisión de Defensa del Congreso tiene planeado recibir en una sesión extraordinaria al fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial del Ministerio Público a cargo del Caso Lava Jato, y al titular de dicha institución, Pedro Chávarry. El objetivo de la cita es que el primero pueda explicar algunas declaraciones que dio a fines de la semana pasada, durante un evento anticorrupción celebrado en México.

¿Qué dijo exactamente Pérez en el evento? Pues durante su discurso, y mientras se encontraba enumerando algunos sucesos del primer gobierno de Alberto Fujimori, el fiscal aludió a los grupos terroristas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y a la sangría que esparcieron por el país hace tres décadas, como “guerrilla” y “guerra civil”.

Como era de esperar, sus dichos llegaron rápidamente al Perú, y desencadenaron una retahíla de reacciones ásperas. El lunes, durante la sesión de la Comisión de Defensa, el congresista de Fuerza Popular (FP) Marco Miyashiro indicó: “causa indignación que un representante del Ministerio Público […] cometa semejante atrocidad que puede lindar con la traición a la patria”, y aseveró que el fiscal Pérez “ha hablado como un defensor de los terroristas”. En esa línea, su colega de bancada, Luz Salgado, expresó: “¿Vamos a seguir dándole pie para que este tipo de personas [los terroristas] incursionen más en nuestro país? Eso se llama traición a la patria. Yo también exijo una aclaración”.

A su turno, el titular de dicho grupo de trabajo, Jorge del Castillo, de la Célula Parlamentaria Aprista, señaló que la situación “linda con la apología del terrorismo”. Y el propio fiscal de la Nación publicó un escueto y enigmático tuit con el mensaje de “terrorismo nunca más”.

Si bien uno puede estar en desacuerdo con la terminología utilizada por José Domingo Pérez, saltar de ahí a la posibilidad de que este haya incurrido en delitos como ‘apología al terrorismo’ o ‘traición a la patria’ es, a todas luces, una exageración. Y peor aun, llevarlo por esto al Congreso para que sea sujeto a un interrogatorio aparece más bien como un intento de amedrentarlo antes que como una genuina preocupación de los parlamentarios por combatir la subversión.

El señor Pérez, como se sabe, no es un funcionario cualquiera. En tanto integrante del equipo especial de la fiscalía que investiga el Caso Lava Jato –bajo la coordinación del fiscal superior Rafael Vela– tiene entre sus carpetas las pesquisas contra algunos partidos políticos, como FP y el Apra. Curiosamente, las tiendas de los legisladores que más ácidos han sido en sus críticas contra el fiscal.

Recordemos, si no, que en los últimos días, José Domingo Pérez ha encabezado los allanamientos a las casas de algunos integrantes de FP por el Caso Cocteles, y fue quien solicitó al Poder Judicial la detención preliminar de Keiko Fujimori y de una veintena de personas más.

Por lo demás, esta no es la primera vez que el señor Pérez es blanco de presiones. En junio pasado, por ejemplo, la defensa legal del ex presidente Alan García solicitó al Ministerio Público que apartara al fiscal de las investigaciones que se le siguen al ex mandatario por el financiamiento de la campaña presidencial del 2006 (pedido que finalmente fue desestimado). Y dos meses más tarde, en agosto, un partidario aprista denunció al fiscal Pérez por “violación de los principios y deberes de la función” y pidió que este sea sometido a un examen psiquiátrico.

En este Diario creemos que la lucha contra el terror no debe admitir nomenclaturas tibias ni eufemismos de ninguna talla. Sin embargo, consideramos que una cosa es calificar los hechos de manera errónea, y otra muy distinta empuñar un discurso apologético. Entre ambos escenarios media una distancia notable. Y por lo mismo, tratar de conectar ambas fronteras exhibe que, para nuestros legisladores, la citación al fiscal tiene que ver con una preocupación que va más allá de la apología.