Editorial: El Perú en la agenda

En las últimas semanas, luego de que el presidente de la República anunciara la presentación de un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 2020, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo se ha agudizado significativamente. En este contexto, si bien los representantes de ambas instituciones han manifestado su interés por dialogar en pro del país, la coordinación del cónclave se ha centrado en la forma en la que este fue convocado y en dónde se realizará. Detalles que, en buena cuenta, devienen frívolos frente a la incertidumbre en la que está sumido el país y que demanda la acción efectiva de las autoridades.

Ante esta situación, desde este Diario creemos que el mentado encuentro entre los referidos poderes del Estado debe darse lo más pronto posible y, sobre todo, que este debe tener como principal objetivo alcanzar un acuerdo que les permita trabajar juntos, sin que predominen las rencillas políticas, por el tiempo que les reste, ya sea hasta el 2020 o el 2021.

No obstante, para que ese acuerdo sea beneficioso será clave que las aristas que lo compongan no entrañen o se entiendan como la victoria de un poder sobre el otro. Esto implicará, claro, que las partes estén dispuestas a hacer sacrificios y concesiones, comprendiendo que el empeño es una negociación que debe procurar el bienestar del país por encima de todo. Y eso incluye los egos de los funcionarios involucrados…

Así, con miras a las próximas elecciones, creemos esencial que el entendimiento que alcancen ambos poderes comprenda tres objetivos fundamentales.

En primer lugar, es importante que se emprenda una reforma de los partidos políticos, tomando en cuenta las propuestas legislativas que se desprendieron del trabajo de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política. Esto implica, entre otras cosas, que la existencia de las agrupaciones se sustente en la participación activa en procesos electorales y, por supuesto, que se procure transparentar aun más la naturaleza de los aportes de campaña. La meta es que los partidos representen plenamente a los ciudadanos y sirvan como núcleos para pensar el país, sin efímeros vientres de alquiler.

Luego, está el retorno a la bicameralidad. Esta iniciativa, que se quedó en el tintero luego de que el gobierno decidiese retirarle su apoyo en el contexto del referéndum, garantizará que el Congreso como institución exhiba mayor prolijidad a la hora de emitir leyes. La pobre calidad de mucha de la legislación que se produce en el Poder Legislativo hace patente la necesidad de una instancia deliberativa adicional, es decir, un Senado. El Ejecutivo tendrá que aceptar la posibilidad de que esta reforma no se aplique exactamente como lo pretende y el Parlamento tendrá que valorar los beneficios de la propuesta por encima de sus intereses políticos.

El tercer objetivo es revertir el sinsentido de la no reelección, tanto en el caso del Congreso como en el de los alcaldes y gobernadores regionales. La calidad de estos últimos no ha podido mejorar con la mencionada prohibición y aquellos que eran considerados como buenos por la ciudadanía no pudieron ser premiados con una nueva gestión. En el caso de los parlamentarios, por otro lado, si lo que se pretende es eventualmente lograr un Senado con políticos de cierta veteranía, será necesario que se pueda hacer carrera en cargos de elección popular y ello se hace difícil si se prohíbe la reelección.

Cabe acotar que, considerando que los últimos dos puntos han sido sometidos a consulta popular –con los resultados conocidos–, es claro que para modificar lo decidido se hará incluso más ineludible un acuerdo entre los poderes del Estado. Y a eso se debe apuntar.

Pues hay que resaltar lo que este acuerdo significaría para el país. Un consenso político podría facilitar, posteriormente, una discusión coordinada sobre los retos que enfrenta nuestra economía. Incluso, el Plan Nacional de Competitividad y Productividad planteado por el Ejecutivo podría ser evaluado con seriedad y mejorado en las instancias que los poderes juzguen necesarias. En esa línea, con un Congreso dispuesto a trabajar con el Gobierno se podría inclusive alcanzar la tan postergada (y urgente) reforma laboral y, en general, tomar medidas para dinamizar una economía que ha venido enfriándose.

Asimismo, si las fuerzas políticas le demuestran al país que pueden dejar de lado su conveniencia y priorizar el entendimiento, podría atenuarse la valoración negativa que tienen los ciudadanos de la política en general. Esto podría, en suma, ser un camino para evitar que en las próximas elecciones un antisistema –sea de izquierda radical o de derecha extrema– se haga del poder alimentado por el hastío popular.

Así las cosas, desde este espacio les exigimos a nuestras autoridades que, de una vez por todas, entierren las estériles batallas políticas para volver a poner al Perú en la agenda. No pueden olvidar que tienen una responsabilidad impostergable con el futuro del país.