La congresista de Fuerza Popular, Karla Schaefer, interviene en un debato en el Pleno del Congreso el pasado 16 de mayo del 2019. (Foto: Congreso).
La congresista de Fuerza Popular, Karla Schaefer, interviene en un debato en el Pleno del Congreso el pasado 16 de mayo del 2019. (Foto: Congreso).
Editorial El Comercio

La congresista de (FP) ha presentado un proyecto de resolución legislativa del Código de Ética Parlamentaria que, de ser aprobado, abriría una peligrosa puerta. Una que haría posible, concretamente, sancionar a los integrantes de la representación nacional cuyas declaraciones pudieran ser consideradas perjudiciales para la imagen del Parlamento por quien ostente la mayoría en la comisión creada para ese propósito.

En su propuesta, efectivamente, la legisladora Schaefer plantea que el ya mencionado artículo incorpore dos nuevos literales, uno de los cuales señala entre los deberes de conducta de todo congresista el de “abstenerse de proferir expresiones que mellen la imagen del Congreso de la República como institución fundamental del Estado democrático de derecho”.

Al igual que en el caso de otros deberes consignados en los literales ya existentes en la ley (como, por ejemplo, el de “abstenerse de efectuar gestiones ajenas a su labor parlamentaria ante las entidades del Estado en el ejercicio de sus funciones” o el de no poder “emplear o tener ad honórem en el servicio parlamentario de su despacho congresal o en las comisiones que integre familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad”), la inobservancia de este nuevo ‘deber’ podría acarrear para el responsable sanciones que van desde la amonestación pública escrita hasta la recomendación al pleno de suspensión en el ejercicio del cargo por 120 días.

Los problemas que se derivan del proyecto son varios. El principal, quizás, el hecho de que contraviene el artículo 2 de la Constitución, en donde se establece claramente que en el Perú “no hay delito de opinión”.

Pero ocurre, además, que declarar acerca de lo que sucede en todo orden de cosas en el país –lo cual incluye, por supuesto, al Congreso mismo– constituye una de las labores esenciales de los parlamentarios. Eso no supone negar que, con frecuencia, muchos de ellos manifiesten puntos de vista que repelen a quienes estimamos la democracia o que, por banales, nos irriten y nos hagan lamentar que parte de nuestros impuestos vaya a solventar tanta estulticia. Baste recordar, para el primer caso, al parlamentario Justiniano Apaza (Frente Amplio) cuando consideró que algunos de los terroristas del MRTA que están tras las rejas “”; o, para el segundo, al legislador Guillermo Martorell (FP) y su propuesta para declarar el 20 de junio “”.

Ninguno de esos despropósitos, sin embargo, tendría que merecer otra sanción que la de la pobre impresión que generan en la ciudadanía y la consiguiente dificultad de ser algún día reelegidos.

El cuadro, por otra parte, se revela doblemente inadecuado si añadimos el detalle de que la composición de la Comisión de Ética refleja, como es lógico, la proporción de las bancadas en el pleno. Es decir, hay sectores políticos que forman una mayoría y están cotidianamente enfrentados a una minoría. Si esto da pie a que, en asuntos bastante evidentes como el del falseamiento de datos en la hoja de vida, se hable de “venganzas políticas”, ¿puede alguien imaginar la auténtica guerra que podría desatar en un terreno tan gris como el de estimar si determinadas expresiones mellan o no la imagen del Parlamento? A cada opinión de un representante de la minoría que disguste a la ocasional mayoría, podría corresponder a partir de la aprobación de una iniciativa como la propuesta una sanción. Y eso sí que mellaría, ya no la imagen, sino la entraña de la democracia.

Aunque haya sido presentado con la firma del vocero y varios otros integrantes de su bancada, Schaefer debería ser archivado por descabellado. Y, sobre todo, antes de que alguien observe que, por esa misma razón, mella la imagen del Parlamento.