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Editorial: Lo bueno, lo malo y lo urgente

Más allá de lo positivo y lo objetable, el final de la legislatura deja algunos pendientes que el Congreso no debe soslayar.

Editorial

(Foto: Congreso)

El martes 19 de junio termina la segunda legislatura del actual Congreso de la República. (Foto: Congreso)

En política, los balances no son ejercicios baladíes. Bien utilizados, pueden servir para identificar las tareas en las que se ha avanzado poco y ayudar a calibrar los esfuerzos en los asuntos que quedaron rezagados. En el Perú, no es novedad que el Gobierno se someta a una evaluación cada cierto tiempo (sea esta anual, de los últimos 100 días o, como pidió el presidente Martín Vizcarra hace unas semanas, de los primeros “seis meses”).

Mañana termina la segunda legislatura del actual Congreso. Y dada la relación de corresponsabilidad en la conducción del país que tiene con el Ejecutivo, creemos necesario hacer un examen sintético de lo logrado para incidir en lo que quedó pendiente.

Entre lo positivo, destaca la sustitución del problemático Decreto de Urgencia 003 por una norma que otorga mayor predictibilidad al sector construcción y que despeja el terreno para que las constructoras puedan ejecutar obras sin descuidar el pago de una eventual reparación civil. Algo que, vale destacar, se consiguió trabajando con el Ejecutivo. Así también, hace unos días, se aprobó –tras varios intentos– la ley para que las cooperativas de ahorro y crédito sean supervisadas por una entidad adjunta a la SBS. Una medida que debilitará el lavado de activos a la par que cautela el dinero de los usuarios.

Sin embargo, el Congreso también ha sido objeto de cuestionamientos por ciertos episodios que no deben ignorarse. El más reciente: la aprobación de la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados, una norma sin sustento técnico y contra la que el Ejecutivo ya ha anunciado una acción de inconstitucionalidad. De igual manera, una ley de la contraloría que faculta al Congreso a nombrar a su jefe del Órgano de Control Interno (prerrogativa que no tiene ninguna otra institución), aunada a una serie de millonarios gastos que causaron polémica, medraron la imagen del Legislativo ante la ciudadanía. Cabe destacar también algunas criticables decisiones de la Comisión de Ética, que parecían traslucir un blindaje en favor de los parlamentarios de Fuerza Popular –como Yesenia Ponce– y que motivaron que legisladores de distintas bancadas se retiraran de ella.

Pero es en lo pendiente donde queremos hacer hincapié.

Dentro de las reformas que el Congreso puede poner a marchar, la más apremiante de todas es quizá la laboral. Según el Foro Económico Mundial, el Perú se encuentra entre los diez países con los regímenes más inflexibles del planeta. En nuestro país, 7 de cada 10 trabajadores son informales. Una realidad que no parece revertirse, pues el año pasado el empleo informal creció a 73,3% (mientras el formal se redujo en el área urbana). Es poco auspicioso que nuestros legisladores no hayan presentado un emprendimiento claro en la materia.

La reforma electoral es otro reto pendiente. La restitución de un Congreso bicameral puede mejorar la calidad de la producción legislativa al añadir un espacio de reflexión y debate. El distrito uninominal puede reforzar la representatividad y la supervisión –al permitir que un grupo más reducido de electores elija a un congresista–, mientras que la democracia interna debe apuntalarse, por ejemplo obligando a los partidos a dejar que la ONPE fiscalice sus elecciones.

Por otro lado, la creación de una Autoridad Única de Transporte que unifique las rutas, la infraestructura y las tarifas, y que fusione a las gerencias que administran servicios como el Metropolitano, el metro de Lima y los corredores, podría ayudar a ordenar un poco el caótico tráfico capitalino. El proyecto de ley que crea dicho organismo (y que fue presentado por la gestión de Pedro Pablo Kuczynski) ya ha sido aprobado en la comisión pertinente, pero hasta hoy no se ha debatido en el pleno.

Finalmente, el Legislativo tampoco debe ignorar la tantas veces postergada reforma pensionaria en el país. Con un sistema previsional de baja penetración (debido a la alta informalidad), una Oficina de Normalización Previsional (ONP) que debe recurrir a fondos públicos para cumplir con sus aportantes y unas AFP con comisiones relativamente altas, hay mucho por mejorar para asegurar la jubilación de miles de peruanos.

En fin, además de en lo bueno y lo malo, es en lo pendiente en lo que el Congreso debería también enfocarse al evaluar su gestión de los últimos 12 meses. Al fin y al cabo, al igual que al Ejecutivo, todavía le quedan tres años por delante. Y no es poco lo que puede conseguir en ese tiempo.

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