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Editorial: Postergaciones indebidas

La morosidad en la resolución de los casos de los congresistas Mamani y Donayre afectará, como siempre, a todo el Parlamento.

Editorial

Moisés Mamani y Edwin Donayre

Los congresistas Moisés Mamani (Fuerza Popular) y Edwin Donayre (Alianza para el Progreso) en una sesión de la Comisión de Ética y en un debate en el Pleno, respectivamente. (Foto: Congreso).

Foto: Congreso de la República.

El Congreso tiene actualmente entre manos dos delicados casos relacionados con un igual número de integrantes de la representación nacional. Por un lado, el del legislador de Fuerza Popular (FP) Moisés Mamani, acusado por una tripulante de la línea aérea Latam de haberla sometido a tocamientos indebidos antes de un vuelo de Juliaca a Lima (del que el parlamentario fue finalmente desembarcado). Y por otro, el del congresista de Alianza para el Progreso (APP) Edwin Donayre, sobre el que pesa una condena de cinco años y seis meses por peculado.

En lo que concierne a Mamani, la Comisión de Ética decidió el lunes, por unanimidad y de manera expeditiva, recomendar la suspensión por 120 días (la máxima sanción disponible en ese orden de cosas), lo que tendría que haber merecido de parte del resto de congresistas una reacción igualmente ágil por lo abrumador de los elementos que respaldan la denuncia de la aeromoza y por la vergüenza que el episodio irradia a toda la institución legislativa.

Ocurrió, sin embargo, que el asunto no fue incluido en la agenda de la sesión plenaria inmediatamente posterior (que se celebró ayer) alegando que se debía respetar los tres días que se estila para que el aludido prepare su defensa. Sin embargo, en un primer momento, tampoco se llegó a un acuerdo sobre cuándo se votaría el tema y, habida cuenta de que la presente legislatura termina esta semana, existía el riesgo de que todo quedara postergado hasta marzo del próximo año. Una circunstancia grave en sí misma, pero que adquiría una connotación especialmente negativa en el contexto de lo que podían –y pueden aún– demorar las sanciones derivadas del eventual levantamiento de la inmunidad del referido parlamentario que el Congreso tendrá que evaluar en un plazo preocupantemente incierto.

Afortunadamente, hace dos días la Junta de Portavoces acordó finalmente abordar la materia en un pleno extraordinario este sábado 8 de diciembre. El mal sabor de la poca voluntad de darle a la resolución de este penoso tema la celeridad que correspondía, sin embargo, queda. Sobre todo, si agregamos al cuadro la declaración del vocero de la bancada de FP, Carlos Tubino, en el sentido de que es muy posible que se deje a sus miembros “en libertad de conciencia” al ejercer su derecho al voto… De lo que se sigue que lo que tendrían que votar no es si Mamani tocó o no tocó a la tripulante de Latam (pues el efectivo acaecimiento de un hecho no se establece con la conciencia), sino si lo que hizo es éticamente sancionable o no.

En lo que toca a Donayre, por otro lado, ante una insistencia del Poder Judicial para que se permita su arresto a fin de que cumpla la sentencia que pesa sobre él por robo de gasolina, la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria celebró el lunes una sesión en la que estaba previsto que se sometiese a votación la admisibilidad de tal pedido. Una cuestión previa solicitada por el ya mencionado parlamentario Tubino, no obstante, motivó que, por mayoría, se decidiese obtener primero una opinión consultiva de la Comisión de Constitución sobre la circunstancia de si el levantamiento de la inmunidad de arresto procede solo ante sentencia firme con calidad de cosa juzgada.

Como es de público conocimiento, el Poder Judicial ya aclaró que la sentencia a Donayre “no tiene efecto suspendido; es decir, no requiere [de] segunda instancia para su ejecución”, con lo que nuevamente se insinúa un ánimo de dilación a propósito de la posibilidad de sancionar a un integrante de la representación nacional. Máxime si, en adición a ello, la titular de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, apuntó luego que ese grupo de trabajo responderá la consulta “en el menor tiempo que nos permita la agenda” y, más tarde, que el tema “ni se puede poner en la agenda [del día], porque hasta ahora no llega a la comisión”.

La resolución de los dos casos que nos ocupan, en suma, parece ser objeto de una morosidad que, si bien responde solamente a la voluntad de determinadas bancadas, afectará sin duda de manera negativa la imagen de todo el Parlamento y, con ello, a la democracia.

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