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Editorial: Teatro Segura

El presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales parece dramatizar para no atender algunas denuncias.

Editorial

César Segura

El congresista de Fuerza Popular y presidente de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, en una ceremonia el pasado 7 de febrero. (Foto: Congreso).

Foto: Congreso de la República.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tiene un encargo bastante sensible en sus manos. Como se sabe, no solo está facultada para admitir las denuncias contra altas autoridades del país que, por su investidura, cuentan con un escudo legal bastante más grueso que el del resto de los ciudadanos, sino también se encarga de conducir las investigaciones y de preparar el informe final que votarán otras instancias del Legislativo.

En ese sentido, uno esperaría de sus miembros una actitud seria y desapasionada al momento de dar trámite a las denuncias que llegan. Y, sin embargo, ese no parece ser el caso del presidente de dicho grupo, el legislador César Segura (Fuerza Popular), en particular en los casos que atañen al ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry y a su correligionario Héctor Becerril.

Sobre el primero, esta semana las declaraciones de su ex asesora Rosa María Venegas ante la fiscalía, en el sentido de que fue el propio Chávarry quien le pidió retirar documentación de una oficina lacrada, han hecho que la situación del todavía fiscal supremo se agrave.

Como se recuerda, a pesar de que se probó que cuando los hechos se produjeron se encontraba en otro ambiente del mismo edificio, Chávarry negó haber tenido algo que ver con la operación, y ahora su palabra se encuentra en entredicho. Entre las múltiples consecuencias que este testimonio acarreará para él, además, ya se cuenta la de la presentación de una nueva denuncia constitucional en su contra por parte de los congresistas Justiniano Apaza y Hernando Cevallos del Frente Amplio (FA).

Ellos argumentan que el ex fiscal de la Nación habría violado varios artículos de la Constitución e incurrido en delitos como hurto agravado, desobediencia a la autoridad, obstrucción de la justicia, entre otros. Asuntos bastante serios, como se ve, y que por lo mismo tendrían que ser revisados cuanto antes por la subcomisión parlamentaria. Sobre todo porque, como hemos mencionado, Chávarry continúa desempeñándose como fiscal supremo.

Esta última denuncia, además, viene a sumarse a otras cuatro ya admitidas que desde el 11 de febrero esperan que la subcomisión en cuestión designe a uno de sus integrantes para elaborar el informe requerido para iniciar las investigaciones. Ese día la Comisión Permanente concedió un plazo de 15 útiles para que se procediese con la formulación del referido informe, pero eso simplemente no ha ocurrido.

Según ha sostenido el congresista Segura, principal responsable de que este grupo de trabajo se reúna, la razón de ello es que la sesión que convocó para el 13 de febrero no se pudo realizar porque varios de sus miembros se encontraban de viaje. Una situación que se extendió a la semana siguiente por ser esta ‘de representación’.

La verdad, sin embargo, es que a lo largo del tiempo que preside esa subcomisión, Segura ha dado numerosos indicios de caminar deliberadamente con pies de plomo en lo que a las acusaciones que apuntan a Chávarry concierne.

En el pasado reciente, ante los reclamos para que priorizase varias de ellas, sus alegatos sobre la necesidad de respetar el orden de llegada de las denuncias fueron más que elocuentes al respecto. “Vamos a ser […] muy apegados a la ley y el reglamento”, “estamos cumpliendo rigurosamente los plazos”, dijo por ejemplo el 15 de agosto.

Ante la insistencia política y mediática para que dispusiera atender de una vez las espinosas denuncias, apuntó también el 30 de octubre: “Si siguen presionando, más terco me voy a poner”. Y seis días más tarde: “Prioridad para mí es ver todos los casos que he recibido”. Un perfecto contrasentido, porque, como es obvio, priorizar todo equivale a no priorizar nada.

Por otro lado, sobre el caso de su compañero de bancada, Héctor Becerril –denunciado constitucionalmente por congresistas del FA y del Nuevo Perú tras la revelación periodística de que habría pedido un soborno en forma de materiales de construcción a una empresaria–, las reacciones del señor Segura también han dejado mucho que desear. “Debería tener mejores asesores”, le respondió, por ejemplo, al titular del Congreso, Daniel Salaverry, luego de que este declarara que las denuncias contra Becerril deberían verse inmediatamente.

Vistos los hechos, se podría sugerir que Segura dramatiza a fin de darle largonas a la revisión de los casos que involucran a Chávarry y a Becerril. Y lo que suceda en los próximos días será decisivo para confirmar o desechar esta hipótesis.

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