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Editorial: La corrección de Salaverry

Al acatar la sentencia del TC sobre la regulación de las bancadas, el titular del Congreso ha actuado conforme a ley.

Editorial

Daniel Salaverry

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, celebra una conferencia de prensa desde Palacio Legislativo el pasado 20 de diciembre. (Foto: Congreso).

Foto: Congreso de la República.

Hace dos días, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, autorizó la creación de nuevas bancadas en el Parlamento. Ello, como consecuencia de la aplicación de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de julio de este año que abría la puerta a dicha posibilidad pero que, sin que mediara ninguna justificación de peso, había permanecido en la congeladora en los últimos cinco meses, postergando así las aspiraciones de varios legisladores no agrupados que venían exigiendo que se les permitiese conformar nuevas bancadas.

La sentencia en mención, como se recuerda, corregía una modificación del artículo 37 del reglamento del Congreso que prohíbe a los legisladores renunciantes conformar una nueva bancada –salvo que se trate de alianzas electorales disueltas, como en el caso de Frente Amplio y Nuevo Perú–. Y que contempla, además, que los parlamentarios disidentes solamente puedan adherirse a cualquier otra bancada o a una ‘bancada mixta’ conformada exclusivamente por no agrupados, luego de probar en dos instancias (ante su grupo parlamentario de origen y ante el Consejo Directivo del Congreso) que sus derechos habían sido vulnerados.

Como dijimos en su momento, dicho cambio en el reglamento era tremendamente desproporcional, dado que no permitía discernir de manera clara entre el transfuguismo “ilegítimo” (aquel que opera por motivaciones económicas o por puro y duro oportunismo político) que debe ser castigado, del “legítimo” (gatillado por razones de conciencia). Y, en ese sentido, violaba la libertad de los congresistas de formar parte del grupo parlamentario que ellos sientan más funcionales para cumplir su labor principal: representar a todos los peruanos.

Este razonamiento fue respaldado por el TC en julio pasado, cuando declaró que dicho artículo del reglamento solo funcionaría “siempre y cuando se interprete que no está prohibida la renuncia de los congresistas […] en el supuesto de disidencia por razones de conciencia debidamente justificadas”. Y, en consecuencia de esto último, habilitaba a los legisladores no agrupados a “conformar un nuevo grupo parlamentario”.

Contrario a lo que cabía esperar en ese entonces, sin embargo, el Parlamento decidió enfriar la aplicación de la sentencia y se amparó en subterfugios legales –se hizo una consulta a la Comisión de Constitución cuyas conclusiones, cinco meses después, seguimos sin conocer– en lo que constituía no solo un claro intento por evitar que los no agrupados pudieran formar nuevas bancadas –lo que revelaba, dicho sea de paso, cierto miedo de algunas agrupaciones por perder la mayoría en el hemiciclo–, sino también un evidente desacato a la ley, toda vez que los fallos del TC son de aplicación inmediata (salvo contadísimas excepciones que no caben en este caso).

Así las cosas, la decisión del presidente del Congreso, aunque tardía, es perfectamente legal. Tal y como ha subrayado el propio presidente del TC, Ernesto Blume-Fortini (“lo que ha hecho el presidente del Congreso es lo que corresponde: cumplir una sentencia”), cuyo voto en el caso en cuestión, vale recordar, no estuvo alineado al de la mayoría.

En ese sentido, no se entienden las protestas que ha recibido esta decisión –casi en su totalidad de parte de los legisladores de Fuerza Popular (FP)– y que van desde las que califican su resolución de nula (“de concretarse […] sería nulo de pleno derecho”, ha dicho, por ejemplo, la titular de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, en sintonía con lo expresado por el también fujimorista y vicepresidente de la Mesa Directiva, Segundo Tapia: “Es nula, porque […] toda decisión que tomen el presidente con el oficial mayor debe tener la aprobación de la Mesa Directiva”) hasta las que acusan cierto talante antidemocrático en el proceder del congresista Salaverry (“actúa en una forma que se estaría contagiando de tener […] actitudes dictatoriales”, ha dicho el vocero de FP, Carlos Tubino).

Harían bien en recordar los congresistas, sin embargo, que las ‘actitudes dictatoriales’ parecen residir más bien en el lado de aquellos que llaman a desobedecer las sentencias de los órganos constitucionales.

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