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Editorial: Tarda pero ¿llega?

La morosidad de la Comisión de Constitución para aprobar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia preocupa.

Editorial

Rosa Bartra

La Comisión de Constitución del Congreso, presidida por la parlamentaria Rosa Bartra (a la derecha), sesiona en un ambiente del Palacio Legislativo, el pasado 15 de enero. (Foto: Congreso).

Foto: Congreso de la República.

En julio del año pasado, el Congreso aprobó las medidas que permitieron, primero, remover a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y, luego, desactivar esa deslegitimada institución por completo. Con ello se dio un paso fundamental para la reforma del sistema de justicia en el país, pero al mismo tiempo se dejó en suspenso una serie de tareas indispensables de las que esa entidad se encargaba. En particular, la de nombrar y evaluar a los jueces y fiscales de todos los niveles, así como la de destituir a los vocales de la Corte Suprema y fiscales supremos cuando se requiriese.

El entendido era que la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuya creación estaba por ser consultada a la ciudadanía en el referéndum, las asumiría en su lugar, por lo que, no bien fuese aprobada en las ánforas, debía procederse con auténtica celeridad a dotarla de una ley orgánica que la facultase a hacerlo.

Pasaron a partir de ese momento más de cuatro meses en los que, no sin contratiempos, la propuesta fue dejada expedita para ser votada. La iniciativa, como se sabe, fue respaldada mayoritariamente en la consulta del 9 de diciembre y nueve días más tarde, el presidente Martín Vizcarra envió el proyecto de ley orgánica al Congreso con carácter de urgencia. Y, en consonancia con esa urgencia, el titular del Legislativo, Daniel Salaverry, amplió la legislatura, que debía concluir a mediados de diciembre, hasta el 30 de enero, con la intención expresa de que se pudiesen “presentar los proyectos de Ley Orgánica para ser debatidos y aprobados en Comisiones y [en el] Pleno”.

Ahora, sin embargo, el 30 de enero se acerca y la aprobación de la referida norma no tiene visos de estar próxima.

Las comisiones que se abocaron a la revisión de la propuesta del Ejecutivo fueron previsiblemente la de Justicia y la de Constitución. Pero mientras la primera aprobó ayer un dictamen al respecto, la segunda no parece tener apuro en hacer lo propio, lo que dos días atrás motivó una severa observación de parte del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva.

“Están dando muestras de un desinterés en esta prioridad; la población tendrá que calificar”, ha dicho. Para luego agregar: “Hay una crisis que no puede esperar todavía más”. Sus palabras estuvieron dirigidas en principio a todo el Parlamento, pero es claro que su destinatario final era el grupo de trabajo que preside la congresista Rosa Bartra. Es decir, la Comisión de Constitución y su morosidad para darle curso al expediente que tiene entre manos.

Daría la impresión, en general, de que se está configurando aquí un nuevo escenario de enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo, pero la verdad es que lo que está en juego en este caso es mucho más que un frívolo pulseo de poder, pues existe una situación de indefinición en el sistema de justicia que no puede prolongarse. Concretamente, en lo que concierne a las responsabilidades centrales del antiguo CNM que por el momento nadie puede ejercer.

Es cierto que, al ampliar la presente legislatura el pasado 11 de diciembre, Salaverry anticipó que si las leyes sobre el JNJ que hacían falta no estaban listas y no podían aprobarse hasta el 30, volvería a extender el período de sesiones legislativas por el tiempo que se necesitase. Pero ese no es el punto.

Una espera de, por ejemplo, un mes más para la aprobación de la ley orgánica e instalación del JNJ, significaría dejar que se cumplan ya siete meses sin que exista una autoridad con el poder constitucional para operar los cambios que se caen de maduros en –por citar solo el caso más grave– la Junta de Fiscales Supremos.

En realidad, el malestar que toda esta situación genera se manifiesta ya no únicamente en la sensación de que estamos ante una demanda de justicia cuya atención tarda, sino también en la sospecha de que podría no llegar nunca.

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