David Tuesta
David Tuesta
Editorial El Comercio

Si uno no es cuidadoso, con el pasar del tiempo en la casa se van acumulando trastes, cachivaches y artículos de poca utilidad que ocupan espacio que bien podría utilizarse de mejor manera. Por eso, una revisión y depuración de objetos del hogar cada cierto tiempo es importante para conservar lo necesario y eliminar lo superfluo. Es una práctica saludable que palia, de alguna manera, el amontonamiento desprolijo al que algunas personas son propensas.

Algo no muy distinto sucede con el Estado y el presupuesto público. Este último crece año a año de manera muchas veces desordenada, inercial y –en ocasiones– con poca relación a las necesidades de la población y a las propias funciones del sector público. En los últimos 10 años, de hecho, el presupuesto público casi se ha duplicado. Podar el gasto corriente innecesario es una buena idea.

En ese sentido, el anuncio del titular del , , para “atenuar y modular el crecimiento del gasto corriente sin afectar la prestación de los servicios públicos” cae bien. Como se sabe, el viernes pasado se emitió el Decreto de Urgencia N° 005, que “establece medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico”. En esencia, el decreto reduce el gasto público y pone límites al gasto en seminarios, talleres, imagen institucional, libros, diarios, pasajes, viáticos, adquisición de vehículos, entre otros. También crea una comisión encargada de “proponer lineamientos y criterios a emplear para el uso de bienes inmuebles de las entidades públicas” y aumenta la Reserva de Contingencia del MEF.

En un contexto fiscal difícil, con un déficit público que alcanzaría el 3,5% del PBI este año, el esfuerzo del ministro Tuesta es encomiable. Poner límites al gasto corriente no es una medida popular, pero sí fundamental para mantener la responsabilidad macroeconómica que ha caracterizado al Perú por años.

Si bien esta norma es tan solo el primer paso en una dirección correcta, el monto que se espera ahorrar en total, hasta S/2.500 millones (este primer paquete busca reducirlo en aproximadamente S/1.200 millones), es relativamente bajo comparado al tamaño del presupuesto –representa menos del 1,8% del presupuesto total del 2018, y poco más del 0,25% del PBI nacional–. Para poner en contexto la cifra, solo entre el 2017 y el 2018 los pagos al personal del Estado y obligaciones sociales se incrementaron en S/3,4 mil millones, más de tres veces el ahorro del decreto en cuestión.

Más aun, la norma está dirigida principalmente a las instancias del gobierno nacional, dejando de lado parcialmente a los gobiernos regionales y locales. Estos últimos, sin embargo, pueden ser una fuente importante de “gasto superfluo”. Sobre todo en un año electoral como este, por ejemplo, se hace especialmente relevante colocar límites y ordenar la contratación de personal en los gobiernos regionales y municipalidades.

Y es que, en general, el objetivo final del ajuste del presupuesto público pasa en realidad más por ordenarlo y mejorar su eficiencia que por reducirlo significativamente. Cortar grasa donde haya espacio para hacerlo es una buena medida, pero fortalecer el músculo del aparato estatal –logrando hacer más con menos– es aun más importante. En ese punto, la tarea del MEF aún es muy amplia e incluye, por ejemplo, la mejora de los diseños de los proyectos de inversión pública, el desarrollo de una verdadera carrera meritocrática y ordenamiento de personal en el sector público, el fortalecimiento de la rendición de cuentas y del presupuesto por resultados, entre otras medidas mucho más complejas de las que se pueden alcanzar con un decreto de urgencia.

El paso dado por el MEF, pues, es correcto, pero se requiere ir mucho más allá. Después de todo, nadie termina de ordenar su casa revisando lo que hay en pequeños bolsos y cartucheras; hay que atacar lo que se esconde en el armario y los cajones.