De lo bueno, poco

La práctica viene desde, por lo menos, los tiempos de Juan José Santiváñez al frente del Ministerio del Interior. El Gobierno, en general, y esta cartera, en particular, presentan con regularidad estadísticas de requisitorias, capturas de supuestos delincuentes, número de policías en actividad, patrullajes, y otras variables que –en el fondo– dicen poco o nada de la efectividad de la estrategia gubernamental contra el crimen organizado. Varios indicadores no son mucho más que fuegos artificiales para ocultar las estadísticas realmente graves: por ejemplo, el fuerte incremento de las denuncias por extorsión y los homicidios.

El último ensayo de pirotecnia policial son las estadísticas de capturas en flagrancia. De acuerdo con un informe publicado ayer en este Diario, de las más de 43.000 detenciones presentadas en las sesiones del cuarto de guerra de la presidenta Dina Boluarte para el primer trimestre del año, menos del 2% son por delitos graves como extorsión, sicariato, secuestro u homicidio. Según el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple), de hecho, más de la mitad son por violencia familiar, lesiones y conducción en estado de ebriedad.

La presidenta y su administración, por supuesto, pretenden dejar con la ciudadanía un número abultado que transmita grandes avances en seguridad ciudadana, cuando lo cierto es que la cifra, en ese contexto, es básicamente aire. Basta con señalar que en esos mismos primeros tres meses del 2025 hubo más de 500 homicidios, pero tan solo se detuvo a 13 personas por sicariato. Y de esas, no es claro cuántas puedan ser puestas en libertad pronto.

Es lógico que delitos cuya flagrancia es más recurrente y evidente aparezcan con mayor regularidad en el Renadespple. Pero si es ese el caso, utilizar en un contexto de debate sobre seguridad ciudadana tal estadística sin especificar los delitos a los que alude es poco honesto.

Si el objetivo del Gobierno es transmitir regularmente estas sesiones de trabajo de lucha contra el crimen, haría bien en, por lo menos, escoger con cuidado un breve listado de indicadores sólidos al que la ciudadanía pueda hacer seguimiento (tasa de victimización, homicidios, denuncias por extorsiones y condenas por delitos graves en primera instancia podrían contarse entre estos). Por ahora, sin embargo, la desorientación de la administración en este tema se hace más evidente con cada episodio televisado que intenta probar lo opuesto.