El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se ha expresado recientemente de manera equívoca acerca de la posibilidad de que se produzcan cambios en el Gabinete este 28 de julio. La fecha, como se sabe, es frecuentemente ocasión de remozamientos en el Ejecutivo que se busca hacer coincidir con las novedades que pueda anunciar quien gobierna el país en el mensaje que pronuncia ese día ante el Congreso. Lo cierto, de cualquier forma, es que, ante una pregunta de la prensa al respecto, el señor Adrianzén sentenció el último lunes: “Todos los ministros, incluido el que habla, están en permanente evaluación; ahora, para el 28 de julio, si la preocupación es que vayan a haber cambios, no van a haber cambios” [sic]. Y remarcó esta última parte ayer, en una conferencia de prensa, donde ratificó que la voluntad del gobierno es continuar con el equipo ministerial en pleno y, específicamente, con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.
Pues bien, la primera reflexión que motivan estas palabras suyas es de orden lógico: si la evaluación de los ministros es permanente, ¿cómo podría él estar seguro de que de aquí al 28 de julio alguno de ellos no la apruebe y, en consecuencia, sea removido? Pero, en fin, la consistencia no es la virtud más resaltante en las alocuciones del titular del Gabinete ni la del gobierno en general. Más preocupante, en cambio, es la posibilidad de que la presidenta Dina Boluarte no esté ni siquiera considerando hacer modificaciones en el equipo ministerial en el futuro inmediato. En realidad, hasta los aliados informales del Gobierno las están demandando.
La imagen del mencionado titular del Interior, Juan José Santiváñez, por ejemplo, ha quedado muy mellada a raíz de sus cuestionamientos públicos a la Diviac y por su enfrentamiento con los medios de comunicación que entrevistan a exministros del sector que lo critican. Por otro lado, César Vásquez, el responsable de la cartera de Salud, no parece estar al control de la situación del dengue en el territorio nacional (los casos acumulados hasta ahora ya superan todos los registrados el año pasado) y además enfrenta desde este fin se semana una denuncia por la contratación en el ministerio que dirige de antiguos aportantes a su campaña para ser gobernador regional de Cajamarca en el 2022.
No conviene ignorar tampoco el difícil trance en el que se encuentran los ministros de Educación y de la Mujer, Morgan Quero y Ángela Hernández, respectivamente, por la moción de censura que se ha presentado en el Parlamento contra ellos por presunta discriminación en agravio de las niñas y niños de las comunidades nativas awajún y wampis. Todo se originó, como se recuerda, por unas declaraciones del señor Quero a propósito de la posibilidad de que los abusos sexuales cometidos contra escolares awajún en la provincia amazónica de Condorcanqui correspondiesen a “prácticas culturales”. Un despropósito sobre el que demoró en pedir disculpas y del que hizo eco la titular de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estamos hablando, desde luego, de los responsables de los sectores que más alertas deberían estar frente a atropellos criminales como los mencionados, por lo que su suerte ante el Congreso es de pronóstico reservado.
Hay quienes especulan también sobre la posibilidad de que la mandataria decida cambiar de presidente del Consejo de Ministros. Sustituirlo, sin embargo, supone pasar nuevamente por la ordalía del voto de investidura en el Legislativo y dejar buena parte de las tareas de gobierno en salmuera hasta que ese ritual, de resultado a veces inesperado, se cumpla.
Con o sin él en la lista de los remplazados, no obstante, los cambios en el Gabinete pueden darle oxígeno político a esta administración, que tanto lo necesita. Y las Fiestas Patrias constituyen una oportunidad para que la mandataria por lo menos lo piense.
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