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Editorial 2: Indagación sin sentido

El trasfondo de la sesión, en honor a la verdad, parecía ser el de fustigar a los agentes que, como sabemos, vienen llevando a cabo varias diligencias que atañen a más de un líder político.

Editorial

Comisión de Defensa

Más temprano, el congresista Carlos Tubino expresó sus disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos. (Foto: GEC)

Hace dos días se realizó una agitada sesión en la Comisión de Defensa del Congreso a la que habían sido citados el ministro del Interior, Carlos Morán, y los agentes de la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) que participaron en la diligencia de allanamiento y detención preliminar en la que el ex presidente Alan García decidió darle fin a su vida el pasado 17 de abril.

En ocasiones anteriores, hemos criticado en este Diario la pertinencia de estas convocatorias en las que los legisladores suelen realizar un despliegue de fuerza contra funcionarios del Gobierno antes que una genuina y escrupulosa labor investigativa.

No obstante, en este caso en particular, ni las razones detrás de la cita quedaron del todo claras. ¿Qué sentido tenía, por ejemplo, preguntar a los agentes por el suicidio del señor García, un acto por el que solo podría responder el desaparecido líder aprista, y que, además, había sido preparado con antelación como quedó claro en la carta que dejó a su familia a través de su secretario personal hace cinco meses?
El trasfondo de la sesión, en honor a la verdad, parecía ser el de fustigar a los agentes que, como sabemos, vienen llevando a cabo varias diligencias que atañen a más de un líder político.

Una presunción que adquiere barniz de veracidad luego de ver el despliegue interrogativo de los legisladores. No se entiende, por ejemplo, por qué los congresistas de Fuerza Popular (FP) Marco Miyashiro y Rosa Bartra se volcaron a preguntar a los miembros de la Diviac si recibían incentivos económicos por su labor, o por qué su colega de bancada Luz Salgado le preguntó al suboficial Sejuro si había participado en el allanamiento a los locales de FP, ocurrido a fines del 2017.

Lo más descabellado, sin embargo, fueron las acusaciones que realizó el legislador Carlos Tubino al jefe de la Diviac, Harvey Colchado, acusándolo de dirigir una “policía política” que ejercía “presión psicológica” sobre sus detenidos.

En esta ocasión, la ‘presión’, sin embargo, pareció venir desde otro lado.

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