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Editorial: Hermanos en armas

Fuerza Popular asume un gravoso costo político al dilatar el levantamiento de la inmunidad del congresista Edwin Donayre.

Editorial

Carlos Tubino

El vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, participa en la sesión de la Comisión de Inmunidad Parlamentaria que aborda el caso de Edwin Donayre, el último martes 5 de febrero. (Foto: Congreso).

Foto: Congreso de la República.

La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria sesionó hace dos días con el propósito de resolver dos pedidos judiciales que tenía pendientes de tiempo atrás: el concerniente al legislador Moisés Mamani para poderlo procesar por una acusación de tocamientos indebidos y el referido al congresista Edwin Donayre a fin de que cumpla la sentencia que pesa sobre él por robo de gasolina.

Pero mientras el primero fue aprobado de manera más o menos expeditiva y con el voto unánime de los asistentes, el segundo resultó entrampado, una vez más, con argumentos legales artificiosos; y dejado para cuando la Comisión de Constitución tenga a bien evacuar la opinión consultiva al respecto que la Comisión de Inmunidad Parlamentaria anunció que le pediría hace más de 60 días.

La noticia ha provocado desazón en diversos sectores ciudadanos porque la situación de Donayre es, en realidad, bastante clara. Acusado de haberse apropiado de combustible del Ejército en el 2006 –cuando no era parlamentario, sino comandante general de esa institución– fue encontrado culpable del delito de peculado y condenado por el Poder Judicial en agosto del año pasado a cinco años y seis meses de prisión.

Se trata de una sentencia cuya anulación, en ejercicio de un legítimo derecho, él ha demandado… Pero esa circunstancia no lo exime de empezar a cumplirla de inmediato. Lo único que impide que esto ocurra es, más bien, la inmunidad de arresto de la que Donayre goza en tanto miembro de la representación nacional.

En la comisión que nos ocupa, sin embargo, se arguyó meses atrás que, por ser solo una sentencia en primera instancia, no debía considerársela firme y en consecuencia admitirse la detención del legislador afectado por ella. Y fue justamente ante la controversia desatada por esa posición que el asunto se derivó, a principios de diciembre del año pasado, a la Comisión de Constitución, con el pedido de que emitiera una ‘opinión consultiva’ (que, como se sabe, no tendría efectos vinculantes) sobre la materia.

Empezaron entonces a correr los días sin que esa comisión, que preside la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra, diera señas de disponerse a atender la solicitud. Días antes, no obstante, el Poder Judicial había despejado cualquier duda que pudiera existir sobre el asunto. A través del Twitter, efectivamente, aclaró que la sentencia a Donayre “no tiene efecto suspendido, es decir no requiere [de] segunda instancia para su ejecución”: una notificación meridiana que, increíblemente, dejó impasibles a aquellos miembros de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad que sostenían que había que esperar a la morosa opinión de Constitución.

Pues bien, por inverosímil que resulte, el argumento que sirvió hace dos días a los legisladores fujimoristas para postergar nuevamente lo que ya el Poder Judicial ha dicho que es impostergable, fue exactamente el mismo. Por cuatro votos –todos de Fuerza Popular– a dos, se decidió efectivamente en ese grupo parlamentario seguir esperando el pronunciamiento de Constitución para adoptar una posición.

¿Por qué ha estado dispuesto el fujimorismo a hacerse de un costo político tan gravoso como ese en momentos en los que, por lo que las encuestas indican, no puede darse semejante lujo? La respuesta a la interrogante solo puede ser especulativa, pero quizás algunas de las declaraciones ofrecidas en los días posteriores por el vocero de la bancada de Fuerza Popular, el almirante en retiro Carlos Tubino, arrojen algunas luces al respecto.

“Los rojos sobre todo quieren verlo preso a Donayre [y] entonces se le tiran encima porque, como ha sido militar y odian a las Fuerza Armadas, actúan de esa manera”, ha dicho.

Aunque Tubino ha negado que exista aquí algún tipo de espíritu de cuerpo de naturaleza castrense, lo que parece irrefutable es que la postergación no obedece a consideraciones legales, sino políticas. Y, en esa medida, sus consecuencias serán sin duda de ese mismo orden.

Para cuando los involucrados reaccionen a la condena ciudadana por este enésimo ejercicio de blindaje ‘otorongo’, sin embargo, será ya una vez más muy tarde y el daño a la agrupación blindadora en particular y al Legislativo en general, ya estará hecho.

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