Editorial: Van por menos

Los resultados de la primera vuelta de las elecciones de este año provocaron un brote de entusiasmo en el Frente Amplio (FA) y otros sectores de izquierda que, aunque intentaron primero forjar una alternativa propia, terminaron respaldándolo en el remate de la campaña y en las urnas. A pesar de que no le alcanzó para entrar a la segunda vuelta, la votación obtenida el 10 de abril por Verónika Mendoza fue, efectivamente, bastante mayor que la que las encuestas le auguraban a esa organización tres meses antes y la bancada de 20 integrantes prometía un espacio importante para su prédica proselitista desde el Congreso.

A partir de ese momento, no había que ser un observador político muy zahorí para saber que una administración juiciosa de esa dosis de poder podía colocarlos en una posición expectante para las elecciones del 2021 y, declarativamente por lo menos, a eso se abocaron. Tal, por lo pronto, era sin duda el sentido de la consigna ‘Vamos por más’, que sus representantes corearon desde entonces.

Pero los buenos resultados electorales no son siempre los mejores consejeros políticos y la perspectiva de un poder en crecimiento ha ocasionado al parecer tempranas grietas en el FA que ahora amenazan con derivar en ruptura. La manifestación más reciente de esa crisis ha sido la remoción de la congresista Marisa Glave, el ex jefe de plan de gobierno Pedro Francke y la señora Irma Pflucker de sus cargos de representantes de Tierra y Libertad en el Comité Permanente de la organización (por “ejercer de manera inadecuada” tal representación, según reza el documento que recoge los acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional), pero en realidad el conflicto viene de antes.

Como se recordará, todo empezó con la resistencia de un sector de Tierra y Libertad, vinculado al congresista Marco Arana, a que personas que no pertenecían a ese partido pudieran inscribirse en el padrón oficial del FA. Esto originó que tanto Francke como Glave, más cercanos al liderazgo de Verónika Mendoza, pidiesen licencia a sus responsabilidades como coordinadores nacionales del partido por no compartir “la premisa de impedir una relación de igualdad en deberes y derechos” con quienes se habían ‘fajado’ con ellos en la campaña.

Tal resistencia, por lo demás, afectó luego ya no a individuos, sino a movimientos de izquierda completos, como ha revelado hace poco Salomón Lerner Ghitis, líder de Ciudadanos por el Cambio, cuya solicitud de incorporación al FA fue denegada. Arana y su entorno, claramente, no querían ver su cuota de poder y sus posibilidades electorales futuras licuadas.

Por otra parte, tras la determinación de que los parlamentarios del conglomerado zurdo contribuirían con un 10% de sus ingresos mensuales al fortalecimiento de la organización partidaria, el sector afín a Mendoza también trató de llevar agua para su molino y promovió la iniciativa de que parte de ese fondo se destinase a solventar la actividad política de la ex candidata presidencial a tiempo completo, lo que –como hemos comentado en esta página– suponía una ventaja frente a quien quisiera competir con ella en su afán de repetir el plato para las próximas elecciones.

Como claros signos externos de esta pugna, tenemos ahora declaraciones como la del congresista Wilbert Rozas en el sentido de que “se le quiere dar a Mendoza un salario cuando no es la única con aspiraciones presidenciales”, o la de Francke deslizando que en el FA se deben al pueblo y “no a cuotas de poder personales”. Pero lo cierto es que precisamente de esto último es de lo que todo este conflicto se trata: de dos facciones enfrentadas no por razones ideológicas o programáticas, sino por la obtención o conservación –por las poco democráticas vías de las remociones forzosas o las concesiones de subsidios inequitativos– de una posición de dominio dentro de una organización que, ellos creen, ‘va por más’.

Desde fuera, sin embargo, hay que decir que el esfuerzo luce más bien declinante.