Editorial: Ni Uno Menos

La abrupta partida de Yeni Vilcatoma de la bancada de Fuerza Popular (FP), así como la ventilación de algunas pugnas internas en las bancadas de Peruanos por el Kambio y el Frente Amplio (FA), han situado nuevamente el tema del transfuguismo en el medio del debate político.

Para el día de hoy se tiene previsto que la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso discuta tres proyectos de ley sobre el tema, presentados cada uno por las bancadas de FP, FA y Apra. Con algunas diferencias, en lo que sí coinciden las tres iniciativas es en la sanción prevista para aquel congresista que renunciara a su bancada de origen: prohibir su adhesión a otro grupo parlamentario o la constitución de uno nuevo. Un castigo que no solo le restaría protagonismo político sino que prácticamente lo convertiría en un paria al interior del Legislativo, pues al carecer de bancada no podría presidir ninguna comisión ni tampoco proponer proyectos de ley (salvo que otros congresistas, a los que no les uniría ningún vínculo partidario, lo respalden).

Los legisladores que han planteado estas mociones (Edwin Vergara de FP, Marisa Glave y Richard Arce del FA, y Javier Velásquez Quesquén de Apra), no obstante, parecen haber actuado apresurados ante lo que podría significar una fuga de congresistas y la pérdida de la cuota de poder que le corresponde a sus partidos en el hemiciclo, sin haber reparado en los nuevos problemas que estarían generando para ellos mismos y para futuras conformaciones parlamentarias.

Pues, en primer lugar, parece bastante razonable que si un partido político optase por abandonar aquellas ideas que lo llevaron al Congreso, los integrantes que se mantuvieran fieles a la línea de pensamiento original pudiesen alejarse de su bancada, sin que ello amerite reprimenda alguna. Basta con recordar lo que sucedió en el quinquenio anterior con el partido nacionalista que empezó con 47 parlamentarios y terminó con apenas 27, en gran parte debido al abandono de su plan de la “gran transformación”. 

Por otro lado, la pena que se busca imponer difícilmente ayudará a mantener la unidad partidaria, al menos no una cohesión voluntaria, pues es de sospechar que la convivencia con congresistas disidentes, forzados a quedarse en una bancada, seguramente algunas mellas causará al interior de ella.

Finalmente, y más importante quizá, considerando la situación actual de los partidos políticos, sancionar al transfuguismo equivale a intentar atacar un síntoma antes que el origen de una enfermedad.

Hoy en día, difícilmente se puede sostener que los electores votan por organizaciones políticas y no por los candidatos a congresistas. Más aun si tomamos en cuenta la existencia del voto preferencial, el que muchos candidatos son escogidos a dedo por el postulante presidencial o la cúpula partidaria, y que las agrupaciones políticas no exigen un periodo mínimo de afiliación partidaria para postular en su representación. De hecho, en la actual conformación parlamentaria, apenas 30 de los 130 congresistas militan en el partido por el cual fueron electos.

En este contexto de prevalencia del sufragio por el candidato, el objetivo de “hacer respetar el voto popular” –como lo ha señalado el congresista Edwin Vergara– parece estar mal atendido con las propuestas que castigan al congresista dimitente.

En lugar de preocuparse por conservar el número de curules por la fuerza, las bancadas parlamentarias deberían priorizar las reformas que garanticen la solidez de los partidos políticos, y ello solo se logra si ellas mismas se imponen obligaciones respecto de su conformación y elección. Después de todo, que una bancada se quede con un congresista menos es tan responsabilidad del renunciante como (o quizá más) del partido que lo llevó al hemiciclo.