Martín Vizcarra anunció durante su mensaje a la nación del 28 de julio el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones al 2020. (Foto: Congreso)
Martín Vizcarra anunció durante su mensaje a la nación del 28 de julio el proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones al 2020. (Foto: Congreso)
Editorial El Comercio

La semana pasada, la Comisión de Fiscalización del Congreso advirtió sus intenciones de investigar una serie de materias, que iban desde el Caso Chinchero hasta el discurso que el jefe del Estado pronunció en Fiestas Patrias. Decisión que, en el contexto del actual enfrentamiento entre una mayoría del Legislativo y el Ejecutivo, dejaba el sabor de ser un intento de mellar al Gobierno, y así lo señalamos.

Señalamos también, sin embargo, que eso no quería decir que algunos de esos empeños investigativos carecieran de sentido; entre ellos, el que aspiraba a determinar si el ya mencionado discurso fue aprobado previamente por el Consejo de Ministros, como la Constitución manda.

Como se recuerda, el asunto mereció originalmente un pedido del congresista Jorge del Castillo (Apra) para que se le remitiese copia de las actas de todas las reuniones del Gabinete de julio y sus grabaciones. En los días siguientes, la PCM entregó actas de las sesiones requeridas y dijo no contar con grabaciones de las mismas, lo que no dejó satisfecho a Del Castillo ni a otros legisladores. Pero poco a poco, el tema pareció perder fuerza… hasta que el 4 de setiembre emergió nuevamente en la Comisión de Fiscalización y a pedido de la congresista Janet Sánchez (Contigo).

No obstante, solo 24 horas después, la congresista Sánchez solicitó una reconsideración de la votación con que se aprobó su propuesta, con la intención de dejarla sin efecto, según la legisladora “a fin de sostener la gobernabilidad en nuestro país”.

Pues bien, ayer hemos sabido que su pedido no ha encontrado eco en la comisión y que esta insistirá en solicitarle facultades investigadoras sobre el particular al pleno. Y la verdad es que parece lo adecuado, pues si un grupo de trabajo parlamentario considera necesario esclarecer la posibilidad de que se haya producido una infracción constitucional, la coyuntura política no debería ser razón para dejar de hacerlo.

Lo que correspondería ahora, entonces, es que la investigación sea llevada adelante y que el Gobierno colabore con ella para así salir, cuanto antes, de este desaguisado y evitar que se convierta, con el paso de los días, en un óbice para impulsar un clima de acuerdos entre el Ejecutivo y el Parlamento.