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Editorial 2: Actividad no estratégica

Ciertamente el ministro Zeballos tiene derecho a opinar, pero debe saber que sus posiciones siempre van a comprometer al gobierno del que forma parte.

Editorial

Vicente Zeballos

El ministro Zeballos se sintió tentado el domingo pasado de sugerir que se reconsideren las reservas que actualmente existen en la Constitución al respecto.(Foto: El Comercio)

Una reciente –y calamitosa– incursión en el terreno económico del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, consiguió en los últimos días despertar suspicacias en torno a las ideas que existen en este gobierno sobre la conveniencia de volver a comprometer al Estado en actividades empresariales. Suspicacias, además, particularmente inconvenientes en un momento en el que el Ejecutivo estaba más bien procurando ganar confianzas.

Sobre el pesado lastre que debimos arrastrar durante décadas los peruanos para financiar con nuestros impuestos los deficitarios experimentos del Estado en actividades que iban desde el transporte aéreo de pasajeros (Aero-Perú) hasta la producción de leche en polvo (ENCI), no creemos que haga falta abundar aquí. Si alguien no tuviera memoria de la factura que esa concepción económica nos pasó en materia de corrupción, inflación y empobrecimiento general de la sociedad, siempre puede echar una mirada a lo que sucede hoy en Venezuela para hacerse una idea clara de ello.

Sin embargo, el ministro Zeballos se sintió tentado el domingo pasado de sugerir que se reconsideren las reservas que actualmente existen en la Constitución al respecto. Un punto de vista especialmente inquietante al tratarse del titular de Justicia. “¿Por qué no el Estado, mirando a otros países, puede tener algún nivel de incidencia en actividades privadas como, por ejemplo, la actividad petrolera [o] la activad minera?”, señaló.

En esa línea, picado por el periodista que dialogaba con él, incluso se animó a adentrarse un poco más en su ejercicio de descaminada nostalgia y a suscribir la vieja tesis de las “actividades estratégicas” que deberían ser acometidas por el Estado.

Ciertamente el ministro Zeballos tiene derecho a opinar, pero debe saber que sus posiciones siempre van a comprometer al gobierno del que forma parte (como se lo hizo saber el presidente Martín Vizcarra) y es su responsabilidad evitar la práctica de actividades tan poco estratégicas como meterlo en apuros innecesarios. Por ello, aunque luego haya buscado escudarse en una “descontextualización” de sus palabras que no creemos que haya existido, resulta positivo que haya aceptado después que no se dio “el tiempo para separar conceptos y roles”. La próxima vez esperamos que se tome todo el tiempo necesario.

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