"El 2021, año del bicentenario, también es un año electoral y en él seguirá presente el virus (especialmente porque aún no se sabe cuándo tendremos la vacuna)". (Foto: Diego Ramos / AFP)
"El 2021, año del bicentenario, también es un año electoral y en él seguirá presente el virus (especialmente porque aún no se sabe cuándo tendremos la vacuna)". (Foto: Diego Ramos / AFP)
Editorial El Comercio

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Cada 31 de diciembre, desde esta página emprendemos la tarea de resumir el año que se va. Nunca es sencillo, toda vez que no se sabe por dónde empezar, a qué eventos darle mayor importancia y a qué otros dedicarles apenas unas cuantas palabras. El 2020, un período en el que pasó todo lo malo que podía pasar, plantea un reto singular.

Crisis y tragedia. El año trágico comenzó con una explosión que enlutó a decenas de familias en Villa El Salvador, luego de que un camión que transportaba gas experimentase una deflagración, destruyendo hogares y vidas en una cuadra del distrito limeño. El saldo fue de 34 fallecidos y decenas de heridos. Destacaron la negligencia y el precario control ejercido por las instituciones obligadas a regular este tipo de actividades.

Mientras tanto, en el mundo empezaba a hablarse del nuevo coronavirus, de cómo China estaba tomando medidas excepcionales para contenerlo. Se veía como un trance lejano hasta que empezó a expandirse violentamente por todo el globo. El primer caso en el Perú se detectaría el 6 de marzo y poco después, el 15 del mismo mes, el Gobierno de Martín Vizcarra decretaría el estado de emergencia sanitaria y, al mismo tiempo, dos semanas de aislamiento social obligatorio, que terminarían por convertirse en una de las más largas y rígidas cuarentenas del mundo. Duró hasta el 1 de julio, con los bolsillos de millones de peruanos duramente golpeados –la OIT ha dicho que el Perú fue el caso más dramático en pérdida de empleos y el Banco Mundial proyecta una caída del 12% en nuestro PBI este año– y con los contagios por COVID-19 aún en pleno auge.

Mientras tanto, las camas UCI y el oxígeno escasearon, y el Ministerio de Salud (Minsa) tuvo serios problemas para hacer pruebas diagnósticas –insistió con los exámenes serológicos de comprobada imprecisión– y para mantener registro de los fallecidos. Hasta ahora, existe un descalce, que alcanza el 196,8%, entre los diagnósticos registrados por el Minsa y los organismos regionales. Y lo mismo ha ocurrido con los fallecidos: mientras el Sinadef registraba picos históricos a lo largo de la crisis, el ministerio ofrecía cifras que se veían magras en comparación.

Hoy, con más de un millón de contagiados y más de 37 mil muertos, la epidemia parece acercarse a una segunda ola. El 29 de diciembre, desde este Diario informábamos que casi 8 de cada 10 ventiladores mecánicos destinados para el COVID-19 en el país ya están ocupados y la circunstancia podría empeorar. Todo sin que el país se haya hecho de una de las vacunas que otros países ya han empezado a distribuir. La cereza en un pastel de inoperancia y desidia.

Populismo e irresponsabilidad. En enero, los peruanos elegimos un Parlamento –para que reemplazara al disuelto en setiembre del 2019– que, sin saberlo, se encargaría de echarle sal a las heridas que nos infligía la emergencia. El Congreso, atomizado y populista, se dedicó el año entero a aprobar normas que han puesto en peligro nuestra estabilidad macroeconómica, aprovechando la crisis para impartir “justicia” orientada a las tribunas. Así, convirtió en ley la suspensión arbitraria al cobro de peajes, petardeó la meritocracia en el sector salud y atacó el sistema previsional (tanto en lo público como en lo privado) permitiendo retiros y devoluciones extraordinarios (con dinero inexistente, en el caso de la ONP). La irresponsabilidad política incluso ha supuesto que las agencias de calificación de crédito, como Fitch Ratings, cambien la perspectiva del Perú de “estable” a “negativo”.

El Ejecutivo no se quedó atrás. Martín Vizcarra coqueteó con la posibilidad de imponer un “impuesto solidario” a los que más ganan e incluso amenazó con expropiar las clínicas por los precios que estaban cobrando por atender a pacientes de COVID-19.

El pico de la inmadurez llegaría en noviembre, cuando en un segundo proceso de vacancia contra Martín Vizcarra por las revelaciones del Caso Club de la Construcción que lo involucraban –el primero fue por el Caso Richard Cisneros–, el Legislativo eligió vacarlo con 105 votos a favor. El Gobierno lo asumió Manuel Merino, solo para que 13% de la población (según Ipsos) se hiciera de las calles para exigir su salida en los días siguientes. Dos muertos, Bryan Pintado e Inti Sotelo, y cientos de heridos después, causados en gran parte por la violenta represión ejercida por la policía, el aún congresista dejó el cargo, no sin antes acusar, sin pruebas, que fuerzas oscuras internacionales estaban detrás de su caída.

Así, tuvimos al tercer presidente en un solo mes, el cuarto en cinco años: Francisco Sagasti del Partido Morado. Producto de dos días de incertidumbre de un Parlamento que demoró en ordenarse y disculparse por el descalabro que generó por no dejar que Vizcarra fuese juzgado al terminar su mandato.

El nuevo jefe de Estado tiene tareas muy concretas que cumplir: garantizar las próximas elecciones y continuar la lucha contra la pandemia. Pero no le está siendo sencillo. Ha heredado los vicios de su predecesor (como en el caso de las vacunas) y ha enfrentado nuevas crisis, como las violentas protestas contra la Ley de Promoción Agraria a las que el Ejecutivo y Legislativo han cedido con facilidad.

Males preexistentes. Entretanto, los problemas más conocidos de nuestro país han persistido. El encierro añadió nuevos retos a la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que en muchos casos enfrentaron la cuarentena junto a sus agresores. También hirió gravemente el sistema educativo, con cientos de miles de estudiantes cayendo en la deserción. Asimismo, la corrupción se mantuvo rampante y fue especialmente vil cuando involucró los recursos y herramientas para enfrentar la pandemia.

El 2021, año del bicentenario, también es un año electoral y en él seguirá presente el virus (especialmente porque aún no se sabe cuándo tendremos la vacuna). Solo de nosotros, de nuestra prudencia sanitaria y tino al votar, dependerá que derramemos menos lágrimas que en el 2020.

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